Malvinas: el Gobierno analiza ampliar las sanciones y podría incluir a la pesca
La iniciativa que Javier Milei enviará al Congreso para endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con actividades en las islas podría alcanzar también al sector pesquero y a otras actividades económicas.
El Gobierno de Javier Milei evalúa ampliar el alcance del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional que enviará al Congreso para endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades vinculadas con las Islas Malvinas. Además de la explotación petrolera, la iniciativa podría incluir a la pesca y otros sectores considerados estratégicos.
La posibilidad comenzó a ser analizada en la Casa Rosada mientras el Ejecutivo avanza en la definición de los detalles del proyecto, anunciado por Milei en el marco de su nueva ofensiva contra las empresas que participan de actividades económicas en el archipiélago cuya soberanía reclama la Argentina.
El proyecto todavía se encuentra en etapa de elaboración, por lo que no está definido el alcance final de las actividades que quedarían alcanzadas por el nuevo régimen de sanciones.
El Gobierno busca ampliar el alcance de la iniciativa
Hasta ahora, el eje de la propuesta del Ejecutivo estuvo concentrado en las empresas petroleras que participan de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos alrededor de las Malvinas.
El foco está puesto especialmente en el proyecto Sea Lion, desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. El Gobierno argentino considera que las actividades hidrocarburíferas realizadas en el área sin autorización argentina vulneran las normas nacionales.
Ahora, dentro de la discusión interna sobre el proyecto que será enviado al Congreso, aparece la posibilidad de incorporar también a la actividad pesquera y otras actividades económicas desarrolladas en áreas vinculadas con la disputa de soberanía.
La pesca tiene particular importancia dentro de la cuestión Malvinas debido a la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur y a las licencias otorgadas por las autoridades de las islas.
Qué busca Milei con la nueva ley
El Presidente anunció el endurecimiento del régimen de sanciones durante un mensaje en el que volvió a colocar el reclamo por la soberanía de las Malvinas en el centro de la agenda nacional.
La iniciativa apunta a establecer mayores consecuencias para las compañías que participen en actividades que el Gobierno argentino considere contrarias a sus derechos sobre los recursos naturales de las islas y sus áreas marítimas.
Milei también anunció medidas destinadas a reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, entre ellas la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
La ofensiva contra las petroleras ya comenzó
La discusión legislativa se produce después de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno contra compañías vinculadas con la explotación hidrocarburífera en Malvinas.
La Argentina presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias y directivos, a quienes acusa de desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La empresa sostiene, en cambio, que cuenta con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido.
Además, el Gobierno anunció sanciones y procedimientos administrativos contra empresas y personas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en la zona.
La ofensiva también generó consecuencias para el desarrollo del proyecto Sea Lion: grandes compañías internacionales de servicios petroleros como SLB, Halliburton y Baker Hughes anunciaron que no participarán en actividades vinculadas con la explotación petrolera en las islas.
La pesca, otro punto sensible de la disputa
La eventual incorporación de la pesca al proyecto ampliaría significativamente el alcance de la estrategia oficial.
La actividad pesquera representa uno de los principales aprovechamientos económicos de los recursos naturales del Atlántico Sur y constituye desde hace años uno de los puntos de tensión relacionados con la soberanía de las Malvinas.
De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, el Gobierno todavía analiza qué actividades quedarán incluidas y cómo se aplicarán las eventuales sanciones. La definición será relevante porque el proyecto deberá establecer con precisión qué empresas, personas y operaciones podrían quedar alcanzadas.
La posibilidad de incluir a la pesca también podría generar un debate en el Congreso. De hecho, sectores de la oposición ya habían planteado que el endurecimiento de las sanciones no debía limitarse a las compañías petroleras y que debía contemplar a empresas pesqueras que desarrollan actividades relacionadas con las islas.
Por ahora, la propuesta continúa en elaboración y el texto definitivo será el que determine si la pesca y otras actividades económicas quedan efectivamente comprendidas en el nuevo régimen.