Malvinas: Milei ordenó iniciar un arbitraje contra Reino Unido por la explotación petrolera
El Gobierno argentino activó el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención del Mar para cuestionar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Londres tendrá dos semanas para responder antes de un eventual pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El presidente Javier Milei instruyó este lunes a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno argentino para iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por las actividades hidrocarburíferas en el área de las Islas Malvinas.
La medida se enmarca en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y apunta principalmente al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno también busca impedir nuevos permisos vinculados con la explotación de recursos naturales en el área que Argentina reivindica como parte de su plataforma continental.
La decisión se conoció pocos días después del discurso de Milei ante la Asamblea General de la ONU, donde había anticipado que Argentina recurriría a herramientas jurídicas para cuestionar las actividades unilaterales vinculadas con los recursos naturales en la zona.
Reino Unido tiene dos semanas para responder
Además de ordenar el inicio del arbitraje, el Gobierno argentino informó que intimó formalmente al Reino Unido a adoptar medidas para impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas.
El plazo establecido es de dos semanas.
Si Londres no cumple con ese requerimiento, Argentina anunció que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar los derechos que sostiene sobre su plataforma continental.
Esto implica dos instancias diferentes: por un lado, el procedimiento arbitral bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y, por otro, un eventual pedido de medidas provisionales mientras avanza ese proceso.
La solicitud de medidas provisionales, en caso de concretarse, deberá ser analizada por el tribunal internacional y no supone que dichas medidas sean concedidas automáticamente.
El proyecto Sea Lion
El principal foco del reclamo argentino es Sea Lion, un proyecto destinado a la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno argentino sostiene que las actividades desarrolladas en el área se realizan de manera unilateral y que afectan los derechos que Argentina reivindica sobre los recursos naturales de su plataforma continental.
La Cancillería ya había presentado el 22 de septiembre una nota formal de protesta contra la extensión de licencias hidrocarburíferas anunciada por las autoridades de las islas y contra la participación de Navitas Petroleum Atlantic Limited en la licencia PL001.
Qué establece el arbitraje de la Convención del Mar
El procedimiento al que recurrió Argentina está contemplado en el Anexo VII de la CONVEMAR.
Este mecanismo permite constituir un tribunal arbitral para resolver determinadas controversias relacionadas con la interpretación o aplicación de la Convención. El procedimiento comienza con una notificación formal a la otra parte y contempla la conformación de un tribunal compuesto, como regla general, por cinco integrantes.
Sin embargo, el alcance del proceso tiene un límite importante: no se trata automáticamente de un juicio destinado a resolver la soberanía sobre las Islas Malvinas.
La CONVEMAR regula derechos y obligaciones sobre los espacios marítimos, mientras que la cuestión de soberanía territorial constituye una disputa específica entre Argentina y Reino Unido.
La propia ONU reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países a través de la Resolución 2065 (XX), que llamó a los gobiernos argentino y británico a negociar una solución pacífica.
Argentina también denunció operaciones aéreas
El anuncio del arbitraje incluyó otro reclamo contra una empresa británica.
Según informó la Oficina del Presidente, el Gobierno detectó operaciones realizadas por THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas, de acuerdo con la denuncia oficial.
Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales, además de las correspondientes gestiones diplomáticas.
El Gobierno argentino presentó esa situación como parte de una estrategia más amplia para cuestionar actividades que considera unilaterales en el área en disputa.
La disputa por los recursos naturales
La explotación de hidrocarburos en torno a las Malvinas volvió a convertirse en uno de los principales puntos de tensión entre Argentina y Reino Unido.
La Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU también es citada por Argentina en su reclamo, ya que insta a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúa pendiente una solución a la controversia.
En este contexto, el Gobierno de Milei decidió avanzar por una vía jurídica internacional mientras mantiene el reclamo diplomático sobre la soberanía de las islas.
Ahora comenzará a desarrollarse el procedimiento previsto por la CONVEMAR y quedará planteado el plazo de dos semanas otorgado al Reino Unido antes de que Argentina evalúe recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.