Maduro amenazó con suspender el envío de recursos al Parlamento
Casi una veintena de leyes y acuerdos anulados y amenazas que van desde su disolución hasta cortarle la luz y el dinero para funcionar, hacen que el Parlamento, de mayoría opositora, sea prácticamente inoperante en Venezuela.
En los jardines del Palacio Legislativo, el jefe parlamentario, Henry Ramos Allup, un férreo antichavista de 72 años, rechazó este miércoles la última advertencia del presidente Nicolás Maduro, quien la noche del martes amenazó con suspender el envío de recursos a la Asamblea Nacional.
“Sistemáticamente el gobierno quiere neutralizar o liquidar al único poder que no controla ni va a controlar. Así nos corte el agua, nos corte la luz, o no nos mande dinero, esta Asamblea va a seguir funcionando”, aseguró Ramos Allup, a quien el mandatario considera el líder de la oposición.
Maduro dijo que envió a la Contraloría y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una consulta para detener la entrega de fondos al Parlamento, en rechazo porque la bancada opositora reincorporó la semana pasada a tres diputados que la máxima corte había suspendido mientras resolvía una acusación de fraude electoral interpuesta por el oficialismo.
“Estando esta Asamblea Nacional fuera de la ley, yo, como jefe de la hacienda pública nacional, no puedo depositar recursos en una Asamblea Nacional inexistente”, dijo en su programa de televisión Maduro, quien pidió la nómina de trabajadores del Parlamento para que se les pague directamente si es necesario.
Poniendo fin a 17 años de hegemonía chavista, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que impulsa un referendo revocatorio contra Maduro, asumió el control de la Asamblea en enero pasado, tras barrer en las elecciones parlamentarias de diciembre, en las que obtuvo 112 de las 167 bancas, lo que abrió una nueva etapa en la polarización de Venezuela.
La crisis institucional en que está inmerso el país involucra a los órganos de justicia, electoral y otros poderes acusados por la oposición de servir al chavismo, en medio de la grave situación económica por el desplome de los precios del petróleo, la aguda escasez y la inflación desenfrenada.
“No hay separación de poderes”
Bautizado por Ramos Allup “bufete jurídico del gobierno”, el TSJ declaró el lunes en desacato a la mayoría parlamentaria, a raíz de las juramentaciones, y advirtió que se reserva “todas las acciones o procedimientos a que haya lugar” para sentar responsabilidades. “Éste es un régimen controlado por los militares, totalmente, donde se desconoce la voluntad popular. Éste es un régimen donde no hay separación de poderes y todos los poderes están subordinados excepto éste (el legislativo) y por eso es que pretenden cercarnos y acosarnos, pero no lo van a lograr”, manifestó el líder de la Asamblea.
Desde enero, el TSJ ha emitido una veintena de sentencias contra leyes y acuerdos aprobadas por la mayoría opositora: amnistía para opositores presos, autonomía del Banco Central, enmienda constitucional para el recorte del mandato del presidente, ley de vivienda, rechazo del decreto oficial de emergencia económica, entre otros.
Miembros del partido de gobierno plantearon en junio la posibilidad de consultar al TSJ sobre una disolución del Parlamento.
Ramos Allup denunció que la Tesorería Nacional tiene dos meses de retraso en el pago de la guardería para los hijos de los empleados parlamentarios.
“Si fuera el caso, olvídese señor Ramos Allup que no me va a temblar el pulso para cumplir cualquier sentencia del TSJ y la Contraloría y ni un centavo va a ir pa’ allá”, aseguró Maduro.
Según el asambleísta, la empresa estatal de electricidad ya intentó suspender el servicio en una dependencia, pero no pudo porque es la misma línea que alimenta al Consejo Nacional Electoral (CNE). De todos modos, el edificio recibió plantas de generación de otras entidades no afines al chavismo.
El presidente socialista, que llama “diablos” a los diputados opositores, afirma que la actual es una “Asamblea burguesa, aislada, neutralizada y derrotada”, que ha intentado darle un “golpe parlamentario”.
Fuente: Noticias Argentinas