Allanaron el hospital del Complejo Penitenciario de Ezeiza por informes médicos de Etchecolatz
El juez Ernesto Kreplak ordenó el viernes el allanamiento del Complejo Penitenciario de Ezeiza a fin de obtener información en el marco de la causa por la presunta adulteración de documentos sobre el estado de salud del represor Miguel Etchecolatz presentados en pedidos de arresto domiciliario.
En el operativo se busca la historia clínica de Etchecolatz, así como también “toda otra constancia médica, los libros de guardia, de trauma, de novedades y cualquier otro que de acuerdo a su reglamentación lleve ese Hospital, en los que existan constancias relacionadas con el nombrado”, indicó el fallo difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ).
La causa se inició a partir de la denuncia y requerimiento de instrucción formulados por Rodolfo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, representantes del Ministerio Público Fiscal. En dicha presentación pusieron de manifiesto que a raíz de haber intervenido en distintos incidentes de arresto domiciliario de Etchecolatz, tomaron conocimiento de “una serie de desavenencias entre lo informado por el Cuerpo Médico Forense y las aseveraciones efectuadas por los médicos del Servicio Penitenciario Federal” a partir del inicio de la huelga de hambre de Etchecolatz “en punto al peso que registraba el nombrado”.
Señalaron, al respecto, que a principios de abril el Cuerpo Médico Forense informó que Etchecolatz pesaba 67 kilos, y con fecha 25 de julio del mismo año los médicos del Hospital Penitenciario Central I de Ezeiza (SPF) informaron que su peso era de 73 kilos. A partir de ese día Etchecolatz inició una huelga de hambre y su peso, según los sucesivos informes confeccionados por los médicos de ese Hospital Penitenciario, descendió hasta los 65 kilos el 12 de agosto de 2016, se informó.
Destacaron los fiscales la importancia del asunto ya que fueron esos informes del Servicio Penitenciario los que debieron tener en cuenta para elaborar su dictamen, teniendo en cuenta que el Tribunal Oral no había hecho lugar a su solicitud de dar intervención al Cuerpo Médico Forense. Concluyeron entonces que se podría tratar de una posible “estafa a la administración de justicia” a través de la falsedad ideológica de los informes médicos remitidos por el Servicio Penitenciario Federal.