La UE y Canadá firmaron un controvertido acuerdo de libre comercio
El documento elimina las barreras arancelarias e incrementa los intercambios entre ambas economías, algo criticado por los beneficios millonarios a las multinacionales, hecho que provocó descontento popular.
La Unión Europea (UE) y Canadá firmaron este domingo un acuerdo de libre comercio, considerado como el más ambicioso negociado hasta ahora porque elimina barreras arancelarias e incrementa los intercambios entre ambas economías, algo que fue ampliamente criticado por los beneficios millonarios a las empresas multinacionales y que provocó disturbios y descontento popular.
“El CETA (nombre con el se conoce al acuerdo comercial) es el mejor y el más progresista negociado nunca por la UE”, celebró este domingo el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, para quien el acuerdo fijará los estándares de la veintena de acuerdos de libre comercio que negocia la UE con otros países.
El CETA, acrónimo en inglés para Acuerdo Comercial y Económico Integral, afecta a unos 545 millones de personas y tendrá un impacto anual de 12.000 millones de euros en la economía de la UE y de 8.000 en la de Canadá, según el gobierno del bloque europeo, según la agencia de noticias EFE.
Se trata de un pacto que, además de eliminar tasas aduaneras y aceptar la homologación recíproca de normas que afectan a productos manufacturados, refuerza la protección de patentes farmacéuticas, convalida títulos universitarios y abre los mercados de licitaciones públicas, entre otros puntos.
En tanto, la UE destaca que el acuerdo eliminará anualmente más de 500 millones de euros en aranceles a las empresas europeas de forma que se dará durante “décadas” un impulso a las exportaciones, un sector del que actualmente dependen 31 millones de los empleos en el bloque.
Sin embargo, no todos creen que este acuerdo comercial mejorará la vida de los ciudadanos de la UE y Canadá.
Sectores ecologistas y progresistas criticaron este domingo fuertemente el acuerdo y denunciaron que fue negociado de manera opaca y redactado para beneficio de las empresas multinacionales, al margen de los ciudadanos.
Entre los puntos más controvertidos del CETA se encuentra el sistema de tribunales privados de arbitrajes, previstos para resolver los litigios entre inversores y Estados de forma que se estandaricen marcos normativos y se aceleren las sentencias.
Los movimientos antiglobalización creen que se trata, en realidad, de un sistema que coloca en manos privadas con intereses oscuros la capacidad de los Estados de administrar justicia, según sus propios valores, intereses y reglas.
Ante esta oposición ciudadana a los tribunales de arbitraje privados, los negociadores se vieron obligados a modificarlos para que fueran la UE y Canadá quienes designaran a los magistrados, en vez de las empresas y los Estados. Además introdujeron el derecho de apelación y elevaron las exigencias éticas que deben cumplir los jueces.