Estados Unidos impondrá cuotas a los jueces de inmigración para acelerar los casos de deportación

El pasado viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó a los jueces de inmigración que comenzarán a ser evaluados en su desempeño y que se les establecerán
cuotas para cerrar los casos de deportación, según informa The Wall Street Journal y el Washington Post. El objetivo es acelerar esos procesos.

“El objetivo de estas medidas es alentar la administración eficiente y efectivas de los casos, mientras se preserva la discreción del juez de inmigración y el debido proceso”, señaló
James McHenry, director de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, en un correo electrónico enviado a los jueces.

En la misiva, agregó que el nuevo sistema de métricas no será exclusiva de los tribunales de inmigración.

La nueva disposición entrará en vigor a partir del próximo año fiscal, que comienzo el 1 de octubre, de acuerdo a lo consignado por el periódico neoyorquino.
Con estas cuotas, los jueces se verán obligados a cerrar, al menos, 700 casos por año.
Devin O´Malley, portavoz del Departamento de Justicia, citado por The Wall Street Journal, indicó que en los últimos cinco años el promedio de casos completados por los jueces fue de
678.

Sin embargo, aclaró que hubo casos de magistrados que cerraron hasta 1.500 en un año.

Otra de las métricas exige que el 85% de los casos de deportación de inmigrantes se complete en el curso de los tres días de una audiencia sobre los méritos del caso.

Asimismo, el nuevo sistema establecerá que el 95% de todas las audiencias de méritos se completen en la fecha que fue programada inicialmente.

Estos cambios no fueron bien recibidos por el sindicato que representa a los jueces, al alegar que las métricas representan una amenaza para la independencia judicial.

Desatascar los cientos de miles de casos abiertos en el sistema es una de las acciones que el Gobierno de Trump quiere potenciar para endurecer la inmigración irregular a Estados
Unidos.

Más allá de las cuotas, el Gobierno pretende ampliar la plantilla de jueces migratorios con docenas de contrataciones.

 

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