Tragedia de Once: el fiscal pidió nueve años de prisión para Julio De Vido

En el juicio que se sigue por la tragedia de Once, la fiscalía pidió hoy que se condene al ex ministro de Planificación Julio de Vido a 9 años de prisión por los delitos de administración fraudulenta en concurso real con el estrago culposo seguido de muertes.

El pedido lo hizo el fiscal Juan García Elorrio. Para Gustavo Simeonoff, ex titular de la UNIREN, solicitó una pena de cuatro años de cárcel.

García Elorrio hizo hincapié en la gravedad de los hechos y “el lugar de poder” que ocupaban De Vido y Simeonoff.

El fiscal señaló que el tribunal debe enmarcar la tragedia de Once en “un acto de corrupción” por entender que lo sucedido el 22 de febrero de 2/2012 fue “una tragedia ferroviaria multicausal” en donde “se afectó la seguridad pública” y “el estado del material rodante coadyuvó” en la muerte de 51 personas. “Ha quedado demostrado en el debate que Julio Miguel De Vido y Gustavo Simeonoff brindaron un aporte sustancial para la administración fraudulenta por la que ya fueron condenados miembros de TBA”, observó.

“Deberían haber intentado modificar la situación imperante —sostuvo—. Los incumplimientos de los deberes de funcionario no encuentran otra explicación que la de otorgar un aporte sustancial para que se obtenga un lucro indebido”.

A criterio de la fiscalía, eso lo demostró “la pasividad” con la que obraron y “el tiempo prolongado, elementos definitorios para que se cometiera la maniobra”.

La semana pasada, la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en la causa en la causa por la tragedia ferroviaria, había solicitado que se condene al ex ministro a la pena de diez años de prisión. El organismo que conduce Laura Alonso consideró al detenido ex funcionario partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado.

De Vido está acusado de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y de estrago culposo, concretamente por las 52 muertes y los más de 700 heridos que dejó el hecho.

La tragedia de Once ocurrió la mañana del 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento –concesionado por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA)– chocó contra el andén 2.

Ya hubo un primer juicio en el que fueron juzgadas 28 personas, entre ellas Jaime, Schiavi, el dueño de TBA, Sergio Cirigliano, ex directivos de esa compañía y el maquinista Marcos Antonio Córdoba. Veintiuno fueron condenados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado. En diciembre de 2015, Cirigliano recibió una condena de nueve años de prisión; Schiavi de ocho años; Jaime de seis y Córdoba de tres años y tres meses. También fueron condenados otros 17 ex directivos de TBA.

El tribunal sostuvo que Córdoba tuvo una conducción imprudente al frente del tren pero que TBA puso una formación que no estaba en condiciones de funcionamiento y que el Estado nacional, a través de los funcionarios, no controló los fondos públicos que la empresa recibía y no aplicaba en el servicio y desoyó todos los informes que marcaban el mal funcionamiento de la línea Sarmiento.

Dos años y medio después, la Cámara de Casación revisó y confirmó las condenas pero redujo penas. La condena a Cirigliano pasó a siete años; la de Schiavi a cinco años y medio; y la de Córdoba a tres años y tres meses. La que aumentó fue la de Jaime a siete años porque se le incluyó el delito de estrago culposo, por el que en el juicio no había sido condenado.
Ninguno de los condenados está preso –Jaime está detenido pero en otras causas– porque la sentencia no está firme.

Por la tragedia de Once, De Vido comenzó a ser investigado por orden del tribunal oral junto con Gustavo Simeonoff, quien era titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), y para quien también la querella pidió condena. “Estuvo a cargo de un ente administrativo que tenía que renegociar los contratos de concesión de TBA y nunca lo hizo”, explicó el abogado Javier Moral.

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