Trabajan para regularizar el transporte interjurisdiccional
El secretario de Transporte de la Provincia, Agustín Ignacio Macedo, junto al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, inició los trabajos para abordar y conferir un marco legal transporte interjurisdiccional, reclamo que viene llevándose a cabo desde el año pasado por el transporte alternativo de pasajeros de Jujuy.
La problemática está atravesada por una coyuntura compleja en lo que respecta al transporte de pasajeros, dada la proliferación de servicios de carácter ilegal entre jurisdicciones, especialmente las zonas del Ramal y Valles.
Al respecto, Macedo indicó que “en primer lugar se debe resaltar que el transporte ilegal produce un profundo disvalor en toda la cadena, esto alcanza a los pasajeros de las unidades fuera de regla, en cuestiones como el cumplimiento de normas básicas de seguridad e higiene, falta de cobertura del seguro, etc.” y añadió que “se genera competencia desleal respecto de las empresas y personas que han invertido en las líneas de transporte regular, de los taxistas y remiseros que se inscriben y pagan sus licencias e impuestos, se aseguran como corresponde y cumplen las normativas vigentes”.
Advirtió que esto también “implica un grave riesgo para los mismos choferes y titulares de estos vehículos que prestan un servicio irregular, porque no contarán con la cobertura del seguro en caso de ocurrir un siniestro, cuyas consecuencias deberán afrontar con dinero de su bolsillo”.
“Desde la Secretaría de Transporte, siguiendo las instrucciones y la voluntad del gobernador Gerardo Morales, comenzaremos por coordinar acciones con los municipios y comisiones municipales involucradas, a fin de iniciar el itinerario de regularización. Necesitamos establecer un marco de reglas claras, creemos que de ese modo lograremos múltiples beneficios para todos los actores”, completó.
Por otra parte, destacó dos instancias fundamentales dentro del proceso descripto, subrayando que “estamos iniciando los primeros pasos acercándonos y realizando un censo para tener un dato certero sobre la cantidad de vehículos de estas características que circulan por las rutas jujeñas”.
Calificó de “muy importante” la coordinación con los municipios, “ya que ellos cuentan con información certera al respecto”. “Debemos desde el gobierno provincial lograr que el número de vehículos sea acorde a las necesidades del servicio y proporcional a los habitantes de las distintas localidades, a fin de garantir el bien común”, argumentó el Secretario.
Asimismo, recalcó que “la habilitación de unidades no puede traducirse en un gesto irresponsable” y agregó que “sea cual fuere el número de unidades que se habilite, tenemos clara la necesidad de congelar la población de taxis de este tipo para poder trabajar en la regularización y coordinación sobre esta base segura para todos”.
“Esto significará un claro beneficio para los mismos que ahora prestan el servicio a la sombra”, sostuvo.
Respecto de las condiciones que deben cumplir los choferes y los vehículos, precisó que “todos deben encuadrarse en la normativa vigente, verificación técnica vehicular, carnet de conductor profesional, seguro para transporte de pasajeros, condiciones de higiene, seguridad y desinfección, etc.” y afirmó que “nuestro objetivo es reglamentar la actividad, logrando que los choferes puedan acceder a una obra social y demás beneficios que trae consigo el trabajo legal, hoy esta actividad es una “changa” y queremos revertir esta realidad”.
En referencia a la competencia desleal que denuncian los servicios habilitados, Macedo puntualizó que “tenemos que reglamentar paradas para este tipo de servicios, para proponer reglas de competencia leal” y observó que un servicio interjurisdiccional “no puede ser ´puerta a puerta´, por eso luego de censarlos, debemos distinguir circuitos, paradas y colores u otros signos de identificación, para facilitar el trabajo de todos y el control por la autoridad de aplicación”.
Además, enfatizó que se realizan reuniones con el Banco de Desarrollo de Jujuy para estudiar canales de acceso al financiamiento que permitan la adquisición de ticketeras, en orden a establecer tarifas diferenciadas. “Estas son algunas de las herramientas y medidas que tenemos previstas para avanzar progresivamente en llevar toda esta actividad al cauce legal”, aseveró.
En otro orden, resaltó que “la reglamentación significará un beneficio para todos” y estimó que la tarea “no será sencilla y por algo sigue esta situación desde hace muchos años sin resolverse”.
“No obstante, afrontamos este desafío con la mirada puesta en el bien común, la inclusión de los trabajadores del rubro, la seguridad en su más amplio sentido y la excelencia del servicio“, finalizó.