Ampliaron una denuncia contra Cristina por presunto cohecho
La diputada nacional Margarita Stolbizer amplió la denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto “cohecho”, en la causa que se investiga el alquiler de complejos habitacionales de su empresa “Los Sauces” por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristobal López.
La presentación la hizo ante el juez federal Claudio Bonadio y denunció que, a través de los alquileres, los empresarios vinculados al kirchnerismo pagaban “sumas millonarias” como sobornos, a cambio de la adjudicación de obras estatales o la evasión de impuestos. “Vengo por el presente a acompañar documentación que da cuenta del modo irregular en el que se adjudicaba la obra pública a las empresas de Lázaro Báez y como en forma paralela Cristina Fernández de Kirchner recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de un vínculo comercial, pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado. Lisa y llanamente el delito de cohecho en su expresión más burda”, señaló la denuncia.
Remarcó, al respecto, que “a la par que resultaba beneficiado con contratos del Estado y desaparecían los controles del Estado, aumentaban los vínculos comerciales con la familia Kirchner, existiendo un intercambio de favores existente entre Lázaro Báez (contratista de obra pública) y Cristina Fernández de Kirchner como Presidenta de la Nación, utilizándose la pantalla de alquileres de propiedades, entre otras operaciones comerciales”.
En ese sentido, la abogada de Stolbizer, Silvina Martínez, remarcó en la denuncia que “el retorno lo pagaba directamente a la Presidenta de La Nación” y que “no solo Báez recibía como contrapartida más obra pública, sino que también obtenía beneficios que implicaban falta de controles por parte de diferentes organismos que debían fiscalizarlo”. “Lázaro Báez fue beneficiado con una enorme cantidad de obras públicas” y “sus empresas obtuvieron el 80% de las licitaciones en obras de la provincia de Santa Cruz durante la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, concluyó.
La denuncia, ampliada el viernes a última hora, sostiene que fueron un total de 51 obras que representan un valor de más de 16 mil millones de pesos (16.386 millones)”, y que “sólo se han finalizado 24”.
Respecto a Cristóbal López, está acusado de retener 8 mil millones de pesos que debía pagar de Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) por cada litro de combustible que vendía a través de su red de estaciones de servicio de la marca Oil. Se sospecha que los alquileres que pagaba a los Kirchner por departamentos que supuestamente no usaba eran un modo de retribuirle sus servicios por no demandarle el cobro de deudas impositivas.
Esta presentación de la legisladora es una ampliación de la denuncia que oficializó el 4 de abril contra Cristina y su hijo, Máximo Kirchner, por “falsificación de documentos públicos, adulteración de facturas y posible enriquecimiento ilícito”.
La Justicia pidió información al Gobierno sobre Hotesur y Los Sauces
El juez federal Julián Ercolini dispuso el lunes una extensa pericia contable en torno a las empresas que administran las sociedades Hotesur y Los Sauces, y solicitó información clave al Gobierno de Mauricio Macri que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su entorno.
El magistrado pidió a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la entrega en un plazo de treinta días de datos para “individualizar” a los “accionistas y autoridades” de las sociedades hoteleras Hotesur y Los Sauces, atribuidas a la familia de la expresidenta Kirchner. Puntualmente, ordenó a los organismos un relevamiento exhaustivo con información sobre las firmas vinculadas a la exjefa de Estado, así como las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, pagos, facturación, operaciones de compra de divisa extranjera y la cantidad de empleados registrados en cada una de esas sociedades.
Entre otros requisitos, Ercolini pidió que se determine si Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. llevaron “en legal y debida forma sus libros contables”, y que se detallen los activos y pasivos de ambas sociedades “año por año”.
Asimismo, fijó que se determinen fehacientemente los pagos totales realizados por Valle Mitre S.A. e IDEA S.A. a favor de Hotesur por el Hotel Alto Calafate a partir del 2008, así como los pagos realizados por esas mismas firmas a favor de Los Sauces S.A., controlante del Hotel Los Sauces. También se requirió que en el informe conste si Valle Mitre S.A. e IDEA S.A. tenían “capacidad económica y financiera” afrontar dichos pagos y “estructura organizativa suficiente” para explotar comercialmente los establecimientos hoteleros.
A su vez, exigió determinar si Valle Mitre S.A. e IDEA S.A. recibieron pagos por parte de empresas (entre otras, Austral Construcciones de Lázaro Báez) para la contratación de habitaciones, y en caso afirmativo dispuso que se establezcan los montos totales abonados, la facturación, el costo diario de cada habitación y si los gastos de alojamiento constan en la contabilidad de cada una de esas empresas. La solicitud también comprende la confección de una nómina de cada uno de los empleados contratados en los hoteles y el nivel de ocupación medido en términos porcentuales.
Además, el juez dispuso que en el marco de la pericia se determine si las ganancias de los hoteles Alto Calafate y Los Sauces están debidamente justificadas en las declaraciones juradas administrativas de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner “en razón de los cargos públicos desempeñados”.
La expresidenta y sus hijos son investigados a partir del alquiler de cientos de habitaciones en hoteles de su propiedad por parte de empresarios cercanos, supuestamente sin que fueran utilizadas esas reservas.
Fuente: Noticias Argentinas