Diputados aprobó la devolución del IVA para los sectores de bajos ingresos
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles un proyecto de ley del Gobierno nacional que establece la devolución de una parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a consumidores finales de sectores de ingresos bajos por compras en comercios minoristas y mayoristas, que de esta manera será girado al Senado.
La iniciativa enviada por el presidente Mauricio Macri fue aprobada por 232 votos afirmativos, 0 negativos y 7 abstenciones de los tres diputados de Libres del Sur, Graciela Cousinet, Victoria Donda y Federico Masso, y los cuatro diputados de izquierda, Myriam Bregman (PTS), Pablo López, Soledad Sosa y Néstor Pitrola (PO).
Los beneficiados con este proyecto de ley de devolución del IVA por compras minoristas serán los jubilados y los pensionados por fallecimiento que cobren el haber mínimo; los que cobran pensiones no contributivas nacionales (siempre que no excedan del haber mínimo garantizado) y quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. “El Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar al régimen en carácter de beneficiarios a otros sujetos no comprendidos en el párrafo precedente”, dice el artículo 3° del proyecto.
El tope del reintegro de IVA por los consumos de la canasta básica de alimentos será de 300 pesos mensuales por beneficiario.
El régimen de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado (IVA) se aplicará a compras en comercios minoristas y también mayoristas, extensión que se acordó durante el tratamiento del articulado, tras la aprobación general. La devolución se realizará por compras efectuadas con tarjetas de débito, lo que generó opiniones contrapuestas durante el debate, ya que no todos los destinatarios de esta devolución impositiva utilizan tarjeta de débito (se calcula que 205 mil cobran a través del Correo Argentino) y además hay numerosos comercios que no tienen posnet.
El proyecto establece que los comercios “deberán aceptar todas las tarjetas o medios de pago”, excepto “en localidades cuya población resulte menor a cinco mil habitantes” o cuando “el importe de la operación sea inferior a diez pesos”.
Este régimen de devolución del IVA regirá “hasta el 31 de diciembre de 2017, inclusive”, con la posibilidad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo.
Diputados también aprobó el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles con 229 votos a favor y 4 en contra y giró al Senado el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que obligará a los tres poderes del Estado y a los organismos autárquicos a brindar información a cualquier ciudadano que lo requiera.
Los únicos votos en contra pertenecieron a los diputados del Frente de Izquierda, que evaluó que la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo encargado de velar por la aplicación de la ley, será igual que “la inerte Oficina Anticorrupción”. De hecho, las pocas objeciones que recibió el proyecto en medio del amplio consenso se refirieron al hecho de que el director de ese organismo será propuesto por el Poder Ejecutivo sin intervención de los otros poderes del Estado, mientras que su remoción deberá ser consultada con una comisión bicameral del Congreso cuya opinión, sin embargo, no sería vinculante.
Esto fue modificado durante la votación en particular a pedido de la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño, quien advirtió que la opinión de esa comisión del Congreso respecto de la remoción del funcionario debería ser vinculante, lo cual fue aceptado por el oficialismo.
La iniciativa dispone que los tres poderes del Estado, el Ministerio Público Fiscal, el de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, las empresas del Estado, los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos y el Banco Central, entre otros, deben brindar información a cualquier ciudadano que la solicite. El área del Estado a la que se le requiera deberá satisfacer ese reclamo en un plazo de 15 días hábiles, prorrogable por otros 15, salvo en las excepciones previstas, referidas la información clasificada como confidencial o que comprometa la seguridad nacional.
La Agencia de Acceso a la Información Pública será la encargada de hacer el seguimiento del trámite y emplazar a los funcionarios a responder a la solicitud, así como a sancionarlos en caso de no responder en tiempo y forma. El director de ese organismo tendrá rango de subsecretario (lo cual fue cuestionado también por la oposición) y será designado por el Poder Ejecutivo, mediante un proceso de selección que incluirá la publicación de sus datos y antecedentes en el Boletín Oficial y la recepción de observaciones y objeciones.
Fuente: Noticias Argentinas