Marcha atrás del decreto de Vidal que penalizaba la difusión de declaraciones juradas
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, debió el miércoles dar marcha atrás y derogar varios artículos de un decreto que establecía penas de cárcel a quienes difundieran datos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, policías y penitenciarios, en medio de una fuerte polémica y el repudio de la oposición.
La polémica surgió a partir de la publicación en el Boletín Oficial de un decreto ampliatorio de aquel que obligaba al personal de la provincia a presentar declaraciones juradas, y que establecía penas de cárcel a funcionarios, empleados o periodistas que difundieran datos de estas informaciones “reservadas”.
La norma dada a conocer este miércoles, tal como se había informado en su momento, prorrogaba por 60 días el plazo de entrega de las declaraciones juradas, cuya obligatoriedad había sido dispuesta por la gobernadora Vidal el 4 de marzo pasado, a través de otro decreto.
Pero uno de los puntos más polémicos de las diversas correcciones técnicas y de contenido que aparecían en el Boletín Oficial era el que aclaraba que “la Declaración Jurada Patrimonial Integral tendrá carácter reservado”, y disponía que “los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal”, que establecen penas de cárcel de entre un mes y dos años.
Horas después, Vidal salió a aclarar por Twitter que si había “alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente”, sería “revisada”, aunque poco más tarde, mientras crecían la polémica y las críticas, el Gobierno bonaerense reconoció “un error en la redacción” y confirmó que finalmente la mandataria derogará los cuestionados artículos de la norma.
“A raíz de las dudas generadas por el decreto 647/16 publicado hoy (por el miércoles) en el Boletín Oficial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo. Por lo tanto, la Gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público”, indicó la Gobernación en un comunicado oficial.
“En marzo decidí que todos los funcionarios y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad presentaran sus declaraciones juradas públicamente. La decisión sigue siendo la misma. Yo ya presenté mi declaración jurada y la mayoría de mi gabinete también lo hizo. El acceso a esta información es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes”, aclaró en tanto Vidal en Twitter.
Por su parte, el secretario de Legal y Técnica provincial, Julio Conte Grand, adelantó que, por instrucción de la gobernadora, el jueves se publicará un decreto de enmienda de ese polémico párrafo. “Se va a corregir, por instrucción de la gobernadora, esa normativa que igual no genera riesgo alguno para ejercicio del periodismo. La norma está orientada en que algún tercero, integrante de la función pública, se valga de esta norma para una conducta indebida y contraria a la finalidad que tiene el acceso a la información”, argumentó el funcionario en declaraciones televisivas.
La medida ahora derogada era similar a la contemplada en el artículo 85 del reciente proyecto de ley ómnibus que fue girado por la Casa Rosada a la Cámara de Diputados y que establece la prisión para quienes difundan información sobre el blanqueo de capitales.
El repudio generalizado por parte de la oposición y del periodismo motivó que el Gobierno nacional también confirmara su modificación: se evalúa ahora que sólo sean pasibles de ser penalizados quienes blanqueen capitales y los representantes del Estado en caso de que informen sobre la operatoria.
En el primer decreto de Vidal publicado en marzo se establecía que la declaración jurada debía contener “los mismos datos que los solicitados por la AFIP para la declaración de impuestos a las Ganancias y bienes personales”, mientras que a la vez habría un “anexo reservado” con la “totalidad de los datos personales y patrimoniales correspondientes a cada una de las personas obligadas”.
Pero la polémica se disparó con el agregado de un artículo que disponía penas de prisión para aquellos que divulgaran ese apartado reservado de las declaraciones, similar al artículo 85 de la ley de blanqueo presentada ante el Congreso por el presidente Mauricio Macri.
También en la provincia se trasladará ahora el debate a la Legislatura, pues el jueves el Senado provincial tiene previsto dar el primer paso para la sanción de la ley que ordena y amplia a otras reparticiones del Estado, tales como los legisladores, la obligación de presentar declaraciones juradas.
La Legislatura así enfrenta a dos caminos posibles: puede convalidad o dejar sin efectos los decretos que en este sentido promulgó el Ejecutivo y, como se sabe, la ley imperará por sobre los decretos.
Fuente: Noticias Argentinas