Diputados trata el pago a jubilados y eximir de Ganancias el aguinaldo
La Cámara Baja sancionará este miércoles -con el respaldo del oficialismo, el Frente Renovador y el bloque Justicialista- el proyecto de pago a las sentencias de los jubilados, que se solventará con el producido del blanqueo de capitales, y la eximición del pago del impuesto a las ganancias en la primera cuota del salario anual complementario-aguinaldo que los trabajadores percibirán en julio.
La iniciativa contará con el respaldo de alrededor de 150 legisladores como consecuencia del acuerdo celebrado el jueves pasado entre los legisladores de Cambiemos, el Frente Renovador y el bloque justicialista, entre otras fuerzas.
También se sumarán al respaldo a esta iniciativa otros bloques menores como el Frente Cívico de Santiago del Estero, Juntos por una Nueva Argentina-conducido por el ex massista Darío Giustozzi-,y podrían votar a favor diputados del Frente para la Victoria, como el presidente del PJ José Luis Gioja que expresaron su respaldo, y los misioneros que conduce Maurice Closs.
Lo concreto es que la iniciativa promovida por el gobierno que tuvo casi una veintena de modificaciones respecto al texto original, logró el respaldo mayoritario de las bancadas, aunque el oficialismo debió aceptar algunos cambios que no formaban parte de su agenda, como la eximición del pago de ganancias del aguinaldo de junio y la cobertura de los déficits de las cajas provinciales.
En ese contexto, el presidentes del bloque del PRO, Nicolás Massot; el titular de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina y el radical Luis Pastori fueron claves para consensuar el dictamen con el massista Marco Lavagna, y el ex titular de la Anses, el justicialista Diego Bossio.
El oficialismo consiguió mantener los aspectos centrales del proyecto como la declaración de la emergencia, la posibilidad de levantar el cepo para vender algunas acciones del Estado en empresas privadas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y el blanqueo de capitales.
Sobre el tema de las acciones se estableció que el Fondo deberá conservar el 7 del 12 por ciento de las que posee el Estado en empresas privadas que tiene el FGS, y que solo podrán vender aquellas que las empresas decidan poner a la venta en oferta pública o tengan riesgo de perder rentabilidad.
Pero además, el interbloque Cambiemos, que conduce el radical Mario Negri, acordó internamente promover algunas reformas como la modificación del artículo 85 que elimina penas a los periodistas por difundir información sobre quienes accedan al blanqueo, y la incorporación de jueces y legisladores a la lista de quienes no pueden acceder al blanqueo de capitales.
Uno de los puntos centrales acordados entre el oficialismo y la oposición estuvo centrado en los impuestos y las deudas provinciales, tanto para aquellos que necesitan cubrir los déficits de las cajas jubilatorios como aquellas que las cedieron pero tienen deudas con la Nación que, finalmente, las podrán cancelar en noventa meses.
En cuanto al tema tributario, se decidió quitar del proyecto el artículo 70 que preveía eliminar el impuesto a los bienes personales desde el 2019 pero mantuvo la disminución de la alícuota, y estableció que aquellos que no blanqueen capitales pero tienen sus deudas al día no pagarán por tres años este tributo.
También incorporó la posibilidad de que aquellos que no tengan bienes inferiores a 800.000 podrán acceder al beneficio de que no se les retenga el impuesto a las ganancias cuando perciban el aguinaldo en junio.
Otro cambio significativo está vinculado con la edad jubilatoria, ya que se estableció que habrá una moratoria para las mujeres por un plazo de tres años para que puedan acceder a la jubilación dado que la pensión por la vejez (que representa el 80 por del haber mínimo) se aplicará desde los 65 años.
El proyecto además ratifica el acuerdo firmado entre las provincias y la Nación para devolver el 15 por ciento de la coparticipación que se le retenía a las provincias para financiar a la Anses.
La devolución se hará en forma paulatina como lo establecen los convenios firmados entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales.