Laura Alonso recomendó delegar “la firma” a funcionarios con incompatibilidades
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, aconsejó a los miembros del Gabinete nacional que ocuparon altos cargos en empresas “que deleguen la firma hacia arriba o hacia el costado” para evitar ser penalizados por la Ley de Ética Pública.
“El trabajo de la Oficina Anticorrupción es prevenir. Por eso le pedimos a todos los funcionarios que crean que podrían tener un conflicto de interés, que nos consulten y si llegaran a tener una sospecha y tiene que tomar una decisión sí o sí y tienen una duda que deleguen la firma. Que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el costado”, señaló Alonso en declaraciones a la TV Pública.
La semana pasada, la funcionaria había afirmado, en el marco de una consulta de prensa, que era “complicado” el caso del ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien posee acciones por 16 millones de pesos en la petrolera Shell, lo que, según denunció la oposición, entraría en contradicción con su cargo público. Entonces, advirtió que el organismo que preside estaba investigando el tema y que esperaba en breve “tener una recomendación preventiva para que él evite caer en un conflicto de intereses”.
El FPV pedirá la remoción de Alonso
El diputado del Frente Para la Victoria (FPV) Martín Doñate presentará el jueves una moción de preferencia para que se trate en el Congreso Nacional un pedido al Poder Ejecutivo para desplazar a Laura Alonso de la conducción de la Oficina Anticorrupción (OA), debido a sus “reiterados incumplimientos en los casos que involucran al Presidente de la Nación y distintos ministros del Gobierno de Cambiemos”.
Según informó el diputado, la moción de privilegio se dará a través de un proyecto de resolución que presentará por la mañana y que “estará en línea no sólo con el pensamiento del FPV respecto del actuar de la funcionaria”, sino además “con las posiciones expresadas en declaraciones públicas por distintos dirigentes y bloques del arco opositor”.
El kirchnerista remarcó que la primera polémica que atravesó la gestión de Alonso tuvo que ver “con su propia designación” y el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, reformando el reglamento del organismo para que la dirigente del PRO, que no es abogada, pudiera asumir.
“Ya en funciones, el primer llamado de atención en la opinión pública se produjo luego del papelón que causó su abrupto cambio de opinión respecto de las cláusulas secretas del contrato entre YPF y Chevrón, y su más insólita explicación: ‘No estaba bien informada'”, recordaron en el bloque.
Un mes más tarde y en medio del escándalo de los “Panamá Papers”, Alonso fue la primera funcionaria en salir a defender al jefe de Estado luego de que se conociera su participación en el directorio de una sociedad offshore registrada en 1998 en Bahamas, algo que le valió numerosas críticas de todo el arco opositor.
“Días más tarde, la dirigente volvió a convertirse en defensora de otro funcionario macrista, el ministro de Energía Juan José Aranguren, retrasando una investigación por las denuncias contra las licitaciones de las importaciones de gas”, advirtió Doñate.
Fuente: Noticias Argentinas