La Corte Suprema pidió la opinión de Gils Carbó sobre el aumento de tarifas de gas
La Corte Suprema de Justicia le pidió el martes a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitir dictamen sobre el aumento de tarifas en el servicio del gas, mientras el Gobierno nacional reclamó que la funcionaria se expida “lo antes posible” para resolver el litigio.
Fuentes judiciales informaron que el máximo tribunal pidió a la Procuradora opinar previo a resolver si confirma o no el fallo de la sala II de la Cámara Federal de La Plata que ordenó frenar los incrementos de gas. Tras el fallo de la cámara platense que tenía alcance nacional, el Gobierno intentó descomprimir la situación judicial y aplacar el malhumor social anunciando topes del 400% en las subas, pero igualmente la Justicia ratificó la vigencia de la sentencia y exhortó al Ejecutivo a no aplicar el aumento.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, giraron el expediente a la Procuradora para que emita dictamen, luego de lo cual se esperan que fallen. Si bien la opinión de Gils Carbó no es vinculante para el máximo tribunal nacional, fuentes tribunalicias consideran que con esta medida se diluye la intención del Gobierno de obtener una rápida resolución al conflicto que permita poner en marcha los incrementos en los cuadros tarifarios.
En una demanda iniciada en 2014 contra los aumentos autorizados a la empresa Camuzzi Gas Pampeana, la Procuración dictaminó contra que las medidas cautelares frenen los ajustes tarifarios decididos por el Gobierno. Ese caso, iniciado en 2014, lo tiene la Corte para resolver y el dictamen de la Procuración fue realizado a fines de abril, sin que la Corte lo haya resuelto.
A diferencia de aquel litigio iniciado a partir de una medida cautelar, la situación actual está vinculada con una sentencia de fondo emitida el 7 de julio último por la Sala II de la Cámara Federal de La Plata. El tribunal declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren que dispusieron la suba en las tarifas de gas e instó al Gobierno a “retrotraer” la situación tarifaria “a la existente previamente al dictado” de esas resoluciones.
El Gobierno apeló y la Cámara Federal de La Plata concedió el recurso para que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el tribunal lo hizo con efecto devolutivo con lo cual los efectos del fallo que suspendió el tarifazo siguen vigentes.
La Cámara Federal decidió suspender el aumento de tarifas luego de evaluar que el Gobierno Nacional no hizo las audiencias públicas previas que prevé la normativa. “La Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales”, declaró el tribunal. Además, en los considerandos de la resolución, los jueces advirtieron sobre lo desmedido de los incrementos decididos por el Ejecutivo.
Pedido de rapidez a Gils Carbó
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, pidió a la Procuración que emita un dictamen “lo antes posible” ya que, según consideró, es un tema “muy importante para dar certezas a la política económica y de desarrollo”. “Hace más de un año hay causas en ese sentido en la Corte donde la Procuración General falló a favor del aumento del Gobierno anterior, por lo que entendemos que será un trámite normal”, sostuvo el funcionario.
Al participar de un encuentro con dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Comité Nacional, Peña insistió en que el Gobierno aspira a “resolver lo antes posible este tema que hace muchos años en la Argentina viene judicializado”. “Estamos convencidos de que la ley es clara y que las audiencias públicas se realizan para las RTI (Revisión Tarifaria Integral) y que para el caso del gas no está contemplado la audiencia pública”, indicó.
El gobierno argumenta que el ajuste en las boletas de gas no es consecuencia de una Revisión Tarifaria Integral (RTI) sino de una “adecuación transitoria”.
Consumidores dicen que audiencia convocada por el Gobierno “no sirve”
Consumidores criticaron el martes al Gobierno por entender que convocó una audiencia pública “para la tribuna”, mientras consideraron que su realización “no sirve ni alcanza” para levantar los fallos judiciales que impiden los ajustes de tarifas.
La presidenta del Centro de Educación al Consumidor (CEC), Susana Andrada, cuestionó con dureza a la administración macrista por convocar a audiencias públicas “para la tribuna” sobre los ajustes de tarifas. “Serán audiencias para la tribuna, van a ser un lío y más show que otra cosa”, consideró, tras la decisión oficial de convocar a audiencias públicas “participativas” sobre los costos de producción del gas y la electricidad, con el objetivo de ofrecer los argumentos de un ajuste en los servicios públicos.
“El problema del Gobierno fue que no cumplió con las audiencias públicas y anunciaron mal los aumentos tarifarios, pensando que todos íbamos a pagarlos con una sonrisa”, se quejó la directiva, en declaraciones radiales y remarcó: “Tienen que pensar en los que menos tienen y no pueden pagar las tarifas, y explicar por qué motivo es el aumento que se debe dar. Eso es imperioso y necesario”.
Andrada consideró, además, “válido que la Casa Rosada lleve adelante las audiencias públicas para tener datos, pero nos estamos preguntando porqué ahora trasladan la audiencia a octubre”. A su vez, señaló: “Queremos saber porqué recibimos una mala calidad del servicio y por qué las distribuidoras no hicieron las inversiones correspondientes”.
Por su parte, el referente de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, consideró que sólo con las audiencias públicas “no alcanza” para levantar los fallos judiciales que impiden los ajustes de tarifas. Por ese motivo, reclamó discutir los incrementos “con toda la información sobre la mesa”.
“Queremos discutir qué es lo que estamos pagando, cuál es el precio real y ver qué pasa en cada una de las ciudades. La realidad es distinta en cada una de las provincias”, sostuvo el dirigente.
En declaraciones radiales, Procelli señaló que “más allá de que la audiencia es una exigencia formal de la ley, hay que empezar a discutir cuáles son los componentes de la tarifa social de la luz y del gas”.
Asimismo, el representante legal de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, advirtió: “No sirve la audiencia de la que habló el ministro de Energía, Juan José Aranguren”. “Si no se le da participación a los usuarios, no está en línea con lo que establece la Constitución”, enfatizó y adelantó: “Estamos estudiando el tema del aumento del agua para presentar un amparo colectivo la semana que viene”.