Las fundaciones de la vicepresidenta Michetti no presentaban balances
El juez federal Ariel Lijo recibió el lunes un informe encargado a la Inspección General de Justicia (IGJ) en el marco de la causa que investiga el origen de los fondos que le fueron robados de su casa a la vicepresidenta Gabriela Michetti, el que indica que las fundaciones sospechadas no presentaban balances.
Lijo recibió los legajos de varias fundaciones bajo la lupa (SUMA; Fundar Seguridad y Justicia; Creer y Crecer, y Formar) lideradas por funcionarios y referentes del PRO, en los que figuran la constitución de esas sociedades, la designación de directores y los cambios de los mismos, pero de la información no surge que hubieran presentado balances, lo que se trataría de una situación irregular, confirmaron fuentes judiciales.
Michetti afronta una causa penal a raíz de la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados kirchneristas Rodolfo Thailade y Juan Cabandié, por el origen supuestamente dudoso de 245.000 pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa particular en noviembre pasado y por el cual está acusado un integrante de su custodia, David Juan Pablo Cruzado.
La vicepresidenta explicó públicamente que 200 mil pesos eran de una donación que recibió la Fundación SUMA, que ella presidía; que 45 mil eran para pagar una refacción en su casa; y que los 50 mil dólares le habían sido prestados por su pareja Juan Martín Tonelli Banfi.
En el Juzgado realizaron un pedido a la Inspección General de Justicia (IGJ) para conocer el legajo de la Fundación SUMA así como de otras similares: Fundar Seguridad y Justicia (presidida por Eugenio Burzaco); Creer y Crecer (a cargo de Néstor Grindetti) y Formar (presidida por Guillermo Dietrich). Según indicaron los denunciantes, esas fundaciones eran utilizadas para financiamiento del PRO y la sospecha que crece en Tribunales es que están “flojas de papeles”. El fiscal del caso, Guillermo Marijuan, así lo consideró en un nuevo escrito presentado la semana pasada, al señalar que la fundación SUMA “registraría escasa actividad estatutaria y apego a las normas que la regulan, en contradicción con sus movimientos financieros”.