Diputados oficialistas se rehusaron a calificar de “golpe” la destitución de Dilma
La Cámara de Diputados aprobó el jueves dos proyectos de declaración en relación con las crisis políticas de Brasil y de Venezuela, en los que se resaltan principios democráticos, en un debate en el que el oficialismo se rehusó a calificar la destitución de Dilma Rousseff de “golpe de Estado” y el kirchnerismo salió al cruce al señalar que se trató de una “categórica ruptura del orden constitucional”.
La diputada oficialista Elisa Carrió, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, lamentó la destitución de la expresidenta brasileña, pero no dijo que fuera un golpe de Estado porque, a su criterio, “el jury estuvo presidido por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, hubo medios y recursos y es un proceso que lleva muchos meses”. La líder de la Coalición Cívica-ARI comparó la destitución de Rousseff con la del paraguayo Fernando Lugo, en 2012, de la cual recordó que “sucedió en 48 horas” y al respecto remarcó que “éste no es el caso de Brasil”.
En cambio, el vicepresidente de la misma comisión, el kirchnerista Guillermo Carmona, afirmó que el “impeachment” (juicio político) fue una clara “ruptura del orden constitucional” en el país vecino. “Es un golpe por cuotas, durante meses, durante años, orquestado por medios de comunicación hegemónicos, por sectores de la Justicia, en consonancia, en plena identificación con las operaciones mediáticas, con las iglesias electrónicas, con sectores de la economía concentrada”, evaluó Carmona.
En este sentido, el diputado por Mendoza criticó que el oficialismo se haya “resistido a calificar el ‘impeachment’ de golpe de Estado” y sostuvo que en el bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista, en cambio, creen y sostienen “categóricamente que se trata de un golpe de Estado parlamentario que resulta insuficiente calificarlo como blando”.
Los dos proyectos de declaración fueron aprobados a mano alzada, con el rechazo del kirchnerismo, la izquierda y otros bloques minoritarios. El kirchnerismo apoyó la declaración elaborada por el oficialismo, pero había presentado un dictamen de minoría en el que agregaba su “más categórico rechazo al golpe de Estado parlamentario” contra Rousseff, lo que finalmente no fue tenido en cuenta.
Durante el debate, el diputado massista Felipe Solá expresó que “una cantidad importante, 61 sobre 81 senadores, votaron que cese el mandato de Rousseff, que sacó 52 millones de votos” y que “buena parte de estos senadores están altamente sospechados del entramado de corrupción que nació en el PT (Partido de los Trabajadores), pero se extendió en todos los partidos”. “Ellos, los acusados, sacaron a una Presidenta que no está sospechada porque se deshizo de siete ministros sospechados”, sostuvo Solá y agregó que en Brasil “han echado a una persona honesta, que no estaba confabulando en la corrupción”.
Con todo, Solá, al igual que los diputados de Cambiemos, eludió referirse a la destitución de Rousseff como un golpe de Estado y señaló que “la Argentina está obligada como parte del Mercosur a reconocer el Gobierno de Brasil, porque se necesita seguir comerciando” con ese país.
La trotskista Myriam Bregman dijo que el dictamen aprobado por la Cámara es “una burla” que convierte a la Argentina en “cómplice del golpe en Brasil”, porque “60 senadores decidieron expropiar la voluntad de millones que habían votado a la presidenta Rousseff”. “Lo de Brasil es un golpe de Estado con todas las letras y lo vamos a seguir diciendo”, indicó, por su parte, la correntina Araceli Ferreyra, del bloque Peronismo para la Victoria, y resaltó que “la democracia es un derecho de los pueblos y una obligación de los gobernantes”.
“Estamos avalando una situación de gobierno de facto”
Al inicio del debate, Carrió había señalado que como Rousseff estaba apartada de la Presidencia no podía acudir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para plantear su situación, porque ese organismo admite solamente a los Estados, y ya había sido reemplazada por Michel Temer. Por ello, Carrió pidió reformar la carta de la OEA y lamentó que la referente del Partido de los Trabajadores (PT) y sucesora de Lula Da Silva haya sido sacada del poder.
“El problema de Dilma, lamentablemente destituida, es que como es el Estado el que puede ir a la OEA, el que podía ir era el actual presidente Temer. Es una carencia terrible de la carta interamericana. Desde la Argentina todos juntos debemos propiciar una reforma a esa carta para casos en que esté afectada la democracia o haya eventuales riesgos de golpes civiles”, sostuvo la líder de la Coalición Cívica-ARI. Carrió también subrayó que “el Vicepresidente debe pertenecer al mismo partido del Presidente para evitar situaciones que ya sucedieron en la Argentina” y advirtió que “estamos en un mundo donde vamos a vivir muchas de estas situaciones”.
Carmona, a su turno, remarcó que frente a la situación de Brasil “no se puede mirar para otro lado” y lanzó dardos para Carrió al señalar que “no hay que manejarse en el abstracto plano de los principios”, sino “denunciar con vehemencia que en Brasil se ha producido una ruptura del orden constitucional”. “El Gobierno de todos los argentinos ha sostenido que respeta los procedimientos institucionales adoptados en Brasil. Estamos escapando a la posibilidad de denunciar claramente la situación de golpe de Estado, estamos avalando una situación de gobierno de facto en Brasil que debería ser repudiada y estamos generando un antecedente absolutamente nefasto a futuro”, dijo Carmona y acusó al Poder Ejecutivo de “subordinar la política exterior a la candidatura de Susana Malcorra a Naciones Unidas”.