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Concurso para asignar nuevas frecuencias de comunicaciones móviles

En un plazo no mayor a seis meses el Enacom convocará a empresas para la asignación de nuevas bandas para los servicios de comunicaciones móviles. Hoy se publicó el decreto que establece los plazos.

En el Boletín Oficial de hoy se publicó el Decreto 1340/2016 -dado a conocer el viernes al momento de la firma del presidente Mauricio Macri- que permite la “convergencia plena” en el área de las telecomunicaciones a partir de enero de 2018, y posibilita a las empresas del sector brindar servicios de televisión por cable, telefonía fija y móvil e internet, conocido como cuádruple play.

El presidente del Enacom, Miguel De Godoy, afirmó esta tarde que “el decreto creará condiciones de competencia e impulsa las inversiones para recuperar el tiempo perdido” por lo cual el organismo estará facultado para asignar frecuencias del espectro radioeléctrico, estableciendo compensaciones, obligaciones de despliegue y cobertura en los plazos que correspondan.

En ese sentido, en un plazo no mayor a 6 meses, el Enacom informó que llamará a “Concurso Público Nacional e Internacional para la asignación de nuevas bandas de frecuencias para la prestación de servicios de comunicaciones móviles”, con el objetivo de maximizar e incrementar los recursos radioeléctricos utilizados.

Así lo habían anticipado el viernes De Godoy y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en un encuentro con la prensa en el que señalaron que el decreto encomienda al Enacom realizar un estudio del espectro radioeléctrico para su posterior reasignación.

El decreto tiene entre sus objetivos principales generar las condiciones para que ingresen nuevos operadores de telefonía móvil en el mercado, fijando criterios para que haya más competencia, y dispone la asignación de nuevas frecuencias para mejorar la calidad de las comunicaciones.

Asimismo, autoriza a las empresas de telefonía a brindar televisión por cable con condiciones que cuidan a las cooperativas y a las pequeñas y medianas empresas de las distintas localidades del país; y autoriza a las empresas de televisión satelital, que cuenten con permisos, a brindar también internet satelital.

También fomenta las inversiones en nuevas tecnologías para llevar internet de alta velocidad a todo el país y avanzar así en la convergencia de medios, y se protege a los usuarios de prácticas anticompetitivas y fija las pautas para conformar una red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad.

El Enacom, explicó esta tarde mediante un comunicado, que dentro del nuevo marco legal, se adoptarán normas y procedimientos que aseguren la reatribución de frecuencias del espectro radioeléctrico, con compensación económica y uso compartido, a frecuencias atribuidas previamente a otro servicio.

De esta manera, podrán ser asignadas a prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) o de Servicios de Comunicación Audiovisual que soliciten reutilizarlas para la prestación de servicios móviles o fijos inalámbricos con tecnologías LTE o superior, para lo cual el organismo deberá imponer obligaciones de cobertura y metas específicas.

El ente, a su vez, estará facultado para asignar frecuencias del espectro radioeléctrico, estableciendo compensaciones, obligaciones de despliegue y cobertura en los plazos que correspondan.

Con el fin de garantizar las inversiones, desde el Gobierno se aseguró que se tuvieron en cuenta los precios de interconexión de las nuevas operadoras, considerando las asimetrías que hay en el sector.

No sólo se promueve la prestación de servicios en todo el territorio nacional por parte de las operadoras entrantes sino también la realización de inversiones necesarias para desplegar su propia infraestructura.

A partir de esto, también se protegerá a las cooperativas y PyMEs de comunicaciones que brindan un soporte esencial en el despliegue de redes y servicios a nivel local en distintos puntos del país, para las cuales se decidió un resguardo particular para la actividad de los pequeños proveedores en localidades de hasta 80.000 habitantes, al menos hasta 2019.

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