La justicia obligó al gobierno a que el Parlamento apruebe el Brexit

El Gobierno británico no podrá activar el artículo 50 que da inicio a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) sin la autorización del Parlamento, según dictaminó la Suprema Corte.

La sentencia significa que la primera ministra, Theresa May no puede iniciar las negociaciones con la UE hasta que los parlamentarios den su autorización, que debería ocurrir antes del 31 de marzo, fecha límite que se autoimpuso el gobierno británico.

El tribunal Supremo rechazó, de esta forma, por ocho votos contra tres, el recurso que había presentado el gobierno contra un fallo anterior que pedía consultar al Parlamento antes de invocar el artículo del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones sobre la retirada de un país del bloque comunitario.

Según el dictamen, el gobierno no puede ejercer ningún poder si ello supone modificar las leyes del Reino Unido, a menos que “esté autorizado para hacerlo por parte del Parlamento”.

El fallo, leído por el presidente de la Corte Suprema, dice llanamente que “por una mayoría de ocho a tres, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el Gobierno no puede activar el artículo 50 sin una ley del Parlamento que lo autorice a hacerlo”.

El fallo también estableció que el Gobierno británico no tiene que consultar al Parlamento Escocés, la Asamblea Galesa y la Asamblea de Irlanda del Norte antes de activar el “Brexit”.

Según declaró Neuberger, “las relaciones con la UE son competencia del gobierno del Reino Unido.”

No obstante, un portavoz de Downing Street dijo: “el pueblo británico votó por abandonar la UE, y el gobierno emitirá su veredicto, con lo que convocará el Artículo 50, como estaba planeado, a fines de marzo sin necesidad de consultar al Parlamento”.

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