Venezuela: La justicia se arrogó el Poder Legislativo
La oposición venezolana, la Organización de Estados Americanos (OEA) y varios gobiernos de la región calificaron este jueves como golpe de estado o ruptura del orden constitucional a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de arrogarse la competencia de legislar mientras entienda que persiste la situación de “desacato” que le atribuye al parlamento de mayoría opositora.
La resolución fue adoptada por la Sala Constitucional del TSJ anoche, un día después de que emitiera otro fallo mediante el cual limitó la inmunidad constitucional de los legisladores con el mismo argumento del desacato.
“Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”, dice la sentencia.
“Es un golpe de estado y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras: en Venezuela (el presidente) Nicolás Maduro dio un golpe de estado”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Julio Borges, en conferencia de prensa en el palacio legislativo.
El ex candidato presidencial Henrique Capriles afirmó en Bogotá que “en Perú hubo un fujimorazo cuando (en 1992 el presidente Alberto) Fujimori cerró el Congreso; ahora en Venezuela se ha dado un madurazo con apoyo del TSJ; en Venezuela se dio un golpe de estado; el gobierno cruzó la raya roja”.
“Esto es un golpe de estado que le está dando la dictadura al país; Maduro, a través del TSJ, está desconociendo la voluntad de 14 millones de venezolanos que votamos el 6 de diciembre (de 2015) y escogimos a nuestros diputados de forma democrática y masivamente”, sostuvo la esposa del ex alcalde preso Leopoldo López, Lilian Tintori, en Buenos Aires, donde fue recibida esta tarde por el presidente Mauricio Macri.
“La situación es gravísima, aquí no hay estado de derecho, esta es una situación de facto, aquí no hay separación de poderes públicos, aquí no se respeta la Constitución”, dijo el líder socialdemócrata Henry Ramos Allup, para quien el de Maduro es un “gobierno fallido”.
“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un comunicado publicado esta tarde en el sitio web del organismo, en el que sostuvo que la decisión del TSJ expresa un “autogolpe de estado perpetrado por el régimen venezolano”.
A juicio de Almagro, los dos fallos del TSJ “son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”, por lo que consideró “urgente” convocar al Consejo Permanente de la OEA “en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática” Interamericana (CDI).
El artículo 20 faculta al secretario general a convocar al Consejo Permanente para “realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente” cuando en un estado miembro “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
Almagro ya había recomendado aplicar la CDI al presentar un informe sobre la situación en Venezuela en mayo de 2016 y al actualizarlo este mes, pero en ambos casos no halló el consenso necesario entre los países miembros, que prefirieron privilegiar recomendaciones de diálogo.
En tanto, Brasil señaló, a través de un comunicado de su cancillería, que “repudia la sentencia del TSJ de Venezuela que retiró de la Asamblea Nacional sus prerrogativas, en un claro rompimiento del orden constitucional”, y “ve con gran preocupación” el fallo que “suspendió arbitrariamente las inmunidades de los parlamentarios”.
Estados Unidos dijo en una nota del Departamento de Estado que “esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña gravemente a las instituciones democráticas de Venezuela y niega a su pueblo el derecho a plasmar el futuro de su país mediante los representantes electos”, consignó la agencia de noticias ANSA.
Asimismo, el gobierno de Colombia expresó que “registra con profunda preocupación” la decisión del TSJ, y criticó “las restricciones de la inmunidad parlamentaria de los diputados elegidos por el pueblo venezolano y el desconocimiento del estado de derecho” derivadas de los fallos, en un comunicado de su cancillería, reportó la radio colombiana Caracol.
Con todo, la mayor reacción fue la de Perú, que retiró definitivamente a su embajador en Caracas, Mario López Chávarry, al que había llamado a consultas a principios de este mes, aunque eso “no implica” la ruptura de la relación diplomática bilateral, aclaró un vocero de la cancillería peruana citado por la agencia EFE.