Sebastian Kurz, el “niño prodigio” que se encamina a ser el gobernante más joven
Con apenas 31 años, el líder del Partido Popular austríaco se acerca a la cúpula del poder a fuerza de una imagen impecable y una agresiva política antiinmigratoria.
El líder del Partido Popular austríaco, Sebastian Kurz, se encamina a ser el gobernante más joven del mundo. Con apenas 31 años y apodado “Wunderwuzzi” (Niño prodigio), este cultor de un estilismo extremo será el mandatario más joven de la Unión Europea y, a partir de noviembre -cuando Vanessa D’Ambrosio, de 28 años, deje el puesto de capitán regente de la República de San Marino- también lo será del resto del planeta.
Ataviado con trajes ajustados y el pelo siempre engominado hacia atrás, a sus 27 años Kurz ya era ministro de Relaciones Exteriores, cargo desde el que se proyectó como un líder nacional.
A través de una magistral operación de marketing político, transformó la imagen de su partido: modernizó a una de las organizaciones más conservadoras de Europa, modificó el color negro que tradicionalmente la identificaba, lo que permitió mostrarla como un movimiento dinámico, propio de la era digital y centrado en el cambio.
“Sabe lo que quiere y es despiadado. Tenía un gran bloque negro en Austria y Kurz lo pintó de turquesa, lo bautizó como un movimiento y de allí sacó la nueva imagen de uno de los partidos más tradicionales y aburridos de Europa. Es brillante”, opinó Stefan Lehne, investigador del centro de estudios Carnegie Europe en el New York Times.
“Wunderwuzzi” se posicionó políticamente durante la crisis de los refugiados que azotó a Europa en 2015, negociando un acuerdo con los países vecinos para detener el flujo de migrantes que llegaban vía Grecia.
Asumiendo parcialmente el discurso de la extrema derecha en relación con la inmigración, aunque de forma más moderada, logró el respaldo de los sectores conservadores y el apoyo de los votantes del ultra Partido de la Libertad.
Además prometió limitar los beneficios a los refugiados, prohibir que los inmigrantes legales obtengan ayudas sociales antes de haber residido en el país durante cinco años y cerrar las rutas de acceso de indocumentados.