La Legislatura tratará una iniciativa que propone congelar las ejecuciones por deudas hipotecarias durante dos años, con posibilidad de prórroga, para proteger a familias en situación crítica.
La Legislatura de Jujuy se prepara para debatir un proyecto de ley que propone frenar las ejecuciones hipotecarias vinculadas a créditos del Banco de la Nación Argentina, con el objetivo de evitar que familias jujeñas pierdan sus viviendas.
La iniciativa establece una suspensión de los procesos de ejecución por un plazo de dos años, con la posibilidad de extenderla por un año adicional, en un intento por dar respuesta a una situación que, según estimaciones legislativas, afecta a unas 180 familias en la provincia.
El proyecto fue impulsado por el diputado Diego Rotela, del bloque Frente Jujuy Crece, quien advirtió que muchos de los deudores se encuentran en una situación límite, pese a haber cumplido durante años con el pago de sus cuotas.
Deudas que se multiplicaron
Según explicó el legislador, numerosos beneficiarios tomaron créditos hipotecarios hace ocho o nueve años por montos iniciales que rondaban entre 1,2 y 2 millones de pesos, pero que hoy registran deudas que, en algunos casos, alcanzan los 100 millones de pesos debido a la actualización de las condiciones financieras.
Este escenario llevó a que algunas familias incluso debieran vender sus propiedades para intentar reducir la carga mensual, sin lograr resolver la situación de fondo.
Qué propone el proyecto
La iniciativa plantea que, durante el período de suspensión de ejecuciones:
- Se detengan los procesos de remate de viviendas
- Se resguarden los derechos de los deudores hipotecarios
- Se abran instancias de negociación con el Estado nacional
Además, se prevé que el tiempo de pausa sea utilizado para gestionar soluciones estructurales ante el Gobierno nacional y el propio Banco Nación.
Pedido a legisladores nacionales
El proyecto también impulsa un llamado a los representantes jujeños en el Congreso para que intervengan en la búsqueda de alternativas que eviten la pérdida de viviendas.
Rotela sostuvo que el Estado nacional es el principal acreedor a través del banco público y planteó la necesidad de revisar las condiciones del sistema crediticio vigente.
Debate político en aumento
La discusión también incorpora un fuerte componente político, en medio de cuestionamientos sobre las políticas de crédito, el rol de la banca pública y el acceso a la vivienda en el contexto económico actual.
El debate en la Legislatura se anticipa intenso, en un escenario donde confluyen la crisis de los deudores, la política habitacional y la gestión del sistema financiero público.
El proyecto ahora deberá ser tratado en comisión y posteriormente en el recinto, donde se definirá si avanza la suspensión de las ejecuciones hipotecarias en la provincia.