Habrá aumentos salariales, más fondos para funcionamiento, hospitales universitarios y becas, aunque la disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario continuará en la Corte Suprema.
Después de más de dos años de tensión, reclamos y movilizaciones, el Gobierno nacional y las universidades públicas lograron un acuerdo para reforzar el financiamiento del sistema universitario argentino. El entendimiento contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes, mayores partidas para gastos de funcionamiento, fondos para hospitales universitarios y mejoras en programas de becas.
El acuerdo fue firmado en el Palacio Sarmiento entre representantes del Gobierno y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un intento por descomprimir uno de los conflictos más importantes que atravesó la educación superior durante la gestión de Javier Milei.
Aumento salarial para docentes y no docentes
Uno de los puntos centrales del acuerdo es una recomposición salarial del 24,33% para trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales.
La mejora se aplicará en dos tramos:
- 21,33% durante junio.
- 3% adicional en octubre.
Además, las partes acordaron reabrir negociaciones paritarias al menos cada tres meses durante el resto del año.
Según datos difundidos durante las negociaciones, la actualización busca compensar parte de la pérdida acumulada del poder adquisitivo registrada entre 2024 y 2026.
Más fondos para universidades, hospitales y becas
El entendimiento también incorpora recursos adicionales para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.
Entre las medidas acordadas se destacan:
- Incremento del 20% en gastos de funcionamiento.
- Refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios.
- Aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
- Continuidad de partidas especiales para áreas estratégicas del sistema universitario.
Para financiar el acuerdo, el Ministerio de Economía autorizó una partida extraordinaria cercana a los $800.000 millones.
La demanda judicial seguirá en la Corte Suprema
Pese al acuerdo económico, el conflicto institucional no quedó completamente cerrado.
Las universidades confirmaron que mantendrán la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por el Congreso que aún no fue aplicada por el Poder Ejecutivo y cuya constitucionalidad se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.
En los últimos días, uno de los principales obstáculos de la negociación había sido justamente el reclamo oficial para que las universidades desistieran de esa presentación judicial. Finalmente, el Gobierno decidió avanzar con el acuerdo sin exigir el retiro de la causa.
Un punto de inflexión para el sistema universitario
El acuerdo representa el primer entendimiento integral entre el Gobierno nacional y las universidades luego de un prolongado conflicto que incluyó paros, marchas federales, reclamos salariales y discusiones presupuestarias.
Aunque las diferencias sobre el financiamiento estructural del sistema universitario continúan abiertas en el ámbito judicial, el consenso alcanzado permitirá garantizar recursos para el funcionamiento de las instituciones y aliviar parte de la crisis presupuestaria que atravesó el sector durante los últimos años.