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La Justicia de Estados Unidos condenó a Argentina a pagar más de US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas

Una jueza de Nueva York ordenó al Estado argentino indemnizar a antiguos accionistas de la compañía aérea. El fallo se suma a otros litigios internacionales vinculados a expropiaciones y reclamos contra el país.

La Justicia de Estados Unidos condenó a la República Argentina a pagar más de 390 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, en el marco de una demanda presentada por antiguos accionistas de la empresa tras su reestatización. La decisión fue adoptada por una jueza federal de Nueva York y representa un nuevo revés judicial para el Estado argentino en tribunales internacionales.

Un reclamo por la reestatización de la empresa

El litigio tiene su origen en la expropiación de Aerolíneas Argentinas, concretada en 2008, cuando el Estado nacional recuperó el control de la compañía aérea, que hasta ese momento estaba administrada por el grupo español Marsans.

Tras esa decisión, antiguos accionistas iniciaron acciones legales en los Estados Unidos al considerar que la expropiación les ocasionó perjuicios económicos por los que nunca fueron debidamente compensados.

La magistrada estadounidense hizo lugar al reclamo y fijó una indemnización superior a los US$390 millones, monto que incluye daños e intereses. (noticiasargentinas.com)

Un nuevo frente judicial para el Estado argentino

El fallo se suma a otros procesos internacionales que enfrenta Argentina por decisiones vinculadas a expropiaciones y cambios en políticas económicas de años anteriores.

Entre los casos más resonantes figuran los litigios por la expropiación de YPF y otros reclamos de inversores extranjeros, que continúan desarrollándose en tribunales estadounidenses.

La resolución conocida este martes representa un nuevo desafío para el Estado nacional, que deberá definir si presenta nuevas apelaciones o avanza en una eventual negociación con los demandantes.

Qué puede pasar ahora

Aunque el fallo establece la obligación de pago, el proceso judicial aún puede continuar mediante recursos de apelación o negociaciones entre las partes.

El Gobierno argentino no emitió, hasta el momento, una posición oficial sobre la decisión judicial ni confirmó cuál será la estrategia que adoptará frente a esta nueva condena.

El caso vuelve a poner en agenda el impacto que tienen los litigios internacionales sobre las cuentas públicas y la importancia de las disputas vinculadas a procesos de nacionalización y expropiación de empresas estratégicas.

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