Condenaron al exintendente de Tilcara a tres años de prisión y lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos
Ricardo Romero reconoció su responsabilidad penal en la causa conocida como “cheques voladores”. También fue condenado el extesorero municipal Juan José Ortega.
El exintendente de Tilcara, Ricardo Romero, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa conocida como “cheques voladores”.
La resolución fue dictada este miércoles en un juicio abreviado desarrollado en Tribunales de San Salvador de Jujuy. Romero reconoció su responsabilidad penal y la existencia de los hechos que se le atribuían.
El exjefe comunal fue condenado por delitos vinculados con la administración de fondos públicos, entre ellos administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, exacciones ilegales, concusión y abuso de autoridad.
La causa de los “cheques voladores”
La investigación se originó a partir de hechos ocurridos durante enero y febrero de 2018, cuando Romero estaba al frente de la Municipalidad de Tilcara y se encontraba vinculada a la organización del tradicional Enero Tilcareño.
De acuerdo con la acusación, durante ese período se libraron 46 cheques sin respaldo financiero por un total aproximado de $35 millones.
Los instrumentos estaban relacionados con distintas operaciones y pagos vinculados con productores, músicos y proveedores de los eventos realizados en Tilcara.
La investigación también incluyó cuestionamientos sobre la organización y explotación de los festivales Enero y Febrero Tilcareño y otros hechos atribuidos a la gestión municipal.
También condenaron al extesorero
En el mismo proceso fue condenado Juan José Ortega, quien se desempeñaba como tesorero municipal durante el período investigado.
Ortega recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y también quedó inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
Fue considerado autor de cuatro hechos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.
Una condena de cumplimiento condicional
Al tratarse de penas de ejecución condicional, tanto Romero como Ortega no deberán cumplir prisión efectiva, aunque deberán respetar las condiciones establecidas por la Justicia.
La sentencia pone fin al proceso mediante el acuerdo de juicio abreviado, luego del reconocimiento de responsabilidad de los acusados.
La condena implica además que Romero no podrá volver a ocupar cargos públicos de manera permanente, mientras que Ortega tampoco podrá ejercer funciones públicas.