Malvinas: Argentina rechazó la guía británica y advierte a empresas que operen en las islas
La Cancillería cuestionó el documento publicado por Londres para respaldar a compañías que hacen negocios en las islas y anticipó que profundizará las medidas contra quienes participen de actividades sin autorización argentina. El Gobierno informó que ya envió cerca de 180 advertencias, abrió 60 procedimientos administrativos y presentó tres denuncias penales.
El Gobierno argentino rechazó formalmente la guía comercial publicada por el Reino Unido para empresas que operan en las Islas Malvinas y advirtió que profundizará las medidas contra compañías, inversores y proveedores que participen en actividades económicas o hidrocarburíferas que Argentina considera ilegales.
La respuesta fue difundida por la Cancillería argentina, luego de que Londres publicara el documento denominado “Doing business with the Falkland Islands”, destinado a empresas y particulares vinculados con la economía del archipiélago.
El Gobierno británico sostiene en esa guía que Argentina no tiene jurisdicción sobre las islas ni sobre las empresas que desarrollan actividades allí y ofrece respaldo ante eventuales reclamos o medidas argentinas.
La Cancillería argentina, en cambio, ratificó que aplicará su legislación a las actividades que considere realizadas sin autorización y anticipó un endurecimiento de las acciones contra las empresas involucradas.
Cerca de 180 advertencias y 60 procedimientos
El Gobierno informó que ya envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas vinculadas con actividades en las islas.
Las comunicaciones alcanzaron a empresas e inversores ubicados en 30 países.
Además, la Cancillería señaló que actualmente existen 60 procedimientos administrativos en curso y que fueron presentadas tres denuncias penales que involucran a diez empresas y sus respectivos directivos.
La advertencia apunta especialmente a las actividades relacionadas con la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.
El conflicto por el petróleo de Malvinas
Uno de los principales focos de la disputa es el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El proyecto está liderado por la compañía israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration y contempla la explotación de hidrocarburos frente a las islas.
Según la información difundida por Cancillería, Argentina considera ilegítimas las licencias otorgadas por las autoridades de las islas y cuestiona todas las actividades relacionadas con el proyecto, incluida la contratación de proveedores y servicios.
La Cancillería recordó que, luego de que Navitas y Rockhopper adoptaran la decisión final de inversión para Sea Lion, el Gobierno argentino convocó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregarles notas de protesta.
Qué sostiene el Reino Unido
La guía británica establece una posición completamente diferente.
Londres afirma que el Reino Unido tiene soberanía sobre las Islas Malvinas y las áreas marítimas circundantes y sostiene que respalda el derecho de los habitantes del archipiélago a la autodeterminación.
También señala que apoya el desarrollo de los recursos naturales de las islas, incluidos los hidrocarburos, y que esas actividades se encuentran reguladas por las leyes de las propias islas.
El documento afirma además que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Malvinas ni a aplicar allí su legislación interna, incluyendo medidas dirigidas contra empresas que desarrollen negocios en el archipiélago.
Argentina ratificó sus leyes sobre hidrocarburos
Frente a esa posición, la Cancillería sostuvo que ninguna guía elaborada por un gobierno extranjero puede modificar la aplicación de la legislación argentina.
El Gobierno ratificó particularmente el marco establecido por las leyes 26.659 y 26.915, relacionadas con las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
Según la respuesta oficial, ese esquema fue reforzado por el Decreto 868/2026, que permite adoptar medidas contra empresas, inversores y proveedores que intervengan en actividades hidrocarburíferas que Argentina considere no autorizadas.
La posición argentina es que las actividades desarrolladas en las áreas marítimas circundantes a las Malvinas deben respetar las normas nacionales y que las empresas que participen en ellas pueden quedar alcanzadas por las medidas previstas por la legislación argentina.
Un conflicto que vuelve a concentrarse en la actividad económica
El cruce entre Buenos Aires y Londres muestra un nuevo capítulo de la disputa por Malvinas, esta vez con el foco puesto en las empresas, las inversiones y la explotación de recursos naturales.
Mientras el Reino Unido intenta brindar seguridad jurídica y respaldo político a las compañías que operan en las islas, Argentina busca aumentar el costo legal y administrativo de participar en actividades que considera ilegítimas.
Por ahora, ambos gobiernos mantienen posiciones contrapuestas sobre la jurisdicción aplicable y la explotación de los recursos del archipiélago.
La Cancillería argentina advirtió que continuará utilizando las herramientas administrativas, judiciales y diplomáticas disponibles contra quienes participen de actividades que, según la posición oficial argentina, se desarrollen sin autorización del país.