Santiago Caputo aseguró que el 60% de las pensiones por invalidez son “truchas”: qué se sabe de la cifra
El asesor de Javier Milei acusó a dirigentes políticos de otorgar beneficios de manera irregular y cuestionó al Congreso por las iniciativas vinculadas con la discapacidad. Sus declaraciones se produjeron después de que el Gobierno enviara un proyecto de ley para combatir el fraude, aunque no presentó documentación que respalde el porcentaje mencionado.
El asesor presidencial Santiago Caputo aseguró que aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez en Argentina son fraudulentas y acusó a dirigentes políticos de facilitar el otorgamiento de beneficios a familiares, conocidos y allegados.
Las declaraciones fueron publicadas el viernes 9 de octubre de 2026 en su cuenta de X, en medio de la discusión sobre las auditorías a las pensiones no contributivas y el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad.
La cifra mencionada por Caputo generó repercusiones por su magnitud. Sin embargo, el funcionario no acompañó su publicación con datos, informes o documentación que permitan comprobar que seis de cada diez pensiones por invalidez sean fraudulentas.
Qué dijo Santiago Caputo sobre las pensiones por invalidez
A través de sus redes sociales, el asesor de Javier Milei afirmó que una parte considerable de las prestaciones habría sido otorgada mediante mecanismos irregulares.
“Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas”, escribió.
Caputo atribuyó esas presuntas irregularidades a certificados que, según sostuvo, habrían sido emitidos por dirigentes políticos para beneficiar a personas de su entorno.
También cuestionó al Congreso por las iniciativas destinadas a ampliar las prestaciones y por las resistencias a las revisiones impulsadas desde el Poder Ejecutivo.
El funcionario afirmó que Argentina tiene más pensiones por invalidez que un país que atravesó una guerra, aunque tampoco presentó en esa publicación una comparación estadística que permitiera evaluar su afirmación.
Finalmente, calificó el sistema de pensiones por invalidez como una de las mayores estafas políticas de las últimas dos décadas.
¿Está comprobado que el 60% de las pensiones sean fraudulentas?
Hasta el momento, la afirmación de Santiago Caputo no cuenta con respaldo documental público suficiente para establecer que el porcentaje señalado represente efectivamente al conjunto de las pensiones por invalidez del país.
El Gobierno nacional impulsó auditorías sobre las pensiones no contributivas y comunicó la detección de distintas irregularidades e incompatibilidades en el acceso a las prestaciones.
Sin embargo, detectar incumplimientos de requisitos, inconsistencias administrativas o incompatibilidades no equivale automáticamente a demostrar un fraude deliberado en todos esos casos.
Para confirmar que el 60% de las pensiones fueron otorgadas fraudulentamente sería necesario conocer el universo analizado, la metodología utilizada, los resultados definitivos de las auditorías y los criterios empleados para clasificar cada caso.
Por eso, la cifra debe presentarse como una declaración del asesor presidencial y no como un dato estadístico comprobado.
El Gobierno envió un proyecto de ley contra el fraude en las pensiones
Las declaraciones se conocieron durante la misma semana en la que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto denominado Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.
La iniciativa busca establecer mecanismos para prevenir, detectar y sancionar irregularidades en el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez laboral.
También plantea una revisión del régimen vigente.
El debate gira en torno a cómo garantizar controles adecuados sobre los fondos públicos sin perjudicar a las personas que cumplen los requisitos legales y dependen de estas prestaciones para sostener sus necesidades básicas.
La controversia por el certificado de discapacidad de Romina Uhrig
Los cuestionamientos de Caputo se produjeron después de que circularan denuncias y versiones sobre un certificado de discapacidad vinculado con Romina Uhrig, exdiputada nacional y exparticipante de Gran Hermano.
De acuerdo con las informaciones difundidas, el documento habría sido emitido en 2018, cuando su entonces pareja, Walter Festa, se desempeñaba como intendente de Moreno.
El certificado tendría una fecha de vencimiento fijada para 2028.
No obstante, la existencia de un certificado, su fecha de emisión o la relación personal de su titular con un funcionario no demuestran por sí mismas que haya sido obtenido de manera fraudulenta.
Las posibles irregularidades requieren una investigación y documentación que permitan establecer responsabilidades.
Un debate que involucra a miles de beneficiarios
Las pensiones no contributivas por invalidez laboral son prestaciones destinadas a personas que cumplen determinados requisitos médicos, económicos y administrativos.
No deben confundirse con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que acredita una condición de discapacidad y permite acceder a derechos y servicios, pero no implica por sí mismo el cobro de una pensión.
En ese contexto, las declaraciones de Caputo reabrieron la discusión sobre el alcance de las auditorías, los controles estatales y la protección de quienes necesitan asistencia.
La principal cuestión pendiente es conocer qué evidencia respalda la afirmación de que seis de cada diez pensiones serían fraudulentas.