Objetan en la Justicia un acuerdo entre el Estado Nacional y Correo Argentino S.A.
En el año 2001, Correo Argentino S.A. se presentó en concurso preventivo. Como parte de este proceso, a mediados de diciembre de 2003 el juez comercial Eduardo Favier Duvois decretó la quiebra de la sociedad comercial. Para evitar la liquidación, la firma le hizo una propuesta de pago a los acreedores a 25 años con una tasa de interés del 1% anual. Esta oferta fue rechazada, la causa siguió durante varios años, hubo nuevas propuestas, una de ellas fue desestimada por el Estado Nacional y, por consiguiente, no homologada por la jueza que lleva el expediente. Contra esta decisión, Correo Argentino interpuso un recurso y la causa llegó a la Cámara Comercial.
Los jueces convocaron a una audiencia que se celebró el 28 de junio del año pasado. En esa oportunidad, la empresa reiteró su última propuesta -que era pagar en 19 cuotas anuales-, oferta que fue rechazada por el representante del Ministerio de Comunicaciones del Estado Nacional. No obstante, el letrado del gobierno manifestó que si se bajaba la cantidad de cuotas para pagar la deuda a no menos de 15 y se aumentaba el interés al 7% anual, podían cerrar el acuerdo.
Correo Argentino pidió un cuarto intermedio luego del cual reformuló su propuesta, adecuándola a los términos solicitados por el Estado Nacional, titular del 32,65% del pasivo concursal. La primera cuota se pagaría al año de homologado el acuerdo; además, la firma realizó una propuesta de pago acelerado en caso de recibir cualquier tipo de pago por sus activos en poder del Estado Nacional desde que Néstor Kirchner reestatizó el Correo en 2003. El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, en representación del Estado Nacional, aceptó la oferta.
Como parte del proceso de homologación del acuerdo se le dio vista a la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien en dos dictámenes se opuso al acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado Nacional.
La representante del Ministerio Público sostuvo que lo acordado “equivale a una condonación de la deuda” y “debe considerarse abusiva”. Según Boquín -y en base a cálculos hechos por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones de la Procuración General de la Nación- el trato implica una quita de más de cuatro mil millones de pesos en la actualidad y de más de setenta mil millones de pesos si se proyecta a 2033, cuando Correo Argentino S.A. termine de pagar su deuda.
Para Boquín, la propuesta aceptada por el Estado implica una quita velada del orden del 98,82%. Asimismo, la fiscal cuestionó el consentimiento prestado por el representante del Estado Nacional, al señalar que no tiene competencia para hacerlo y que no acreditó de quién recibió instrucciones. En su dictamen, Boquín mencionó que la familia Macri tiene la totalidad del capital accionario de Socma S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A. Por ese motivo y ante la posibilidad de que existan conflictos de intereses, solicitó que se libre oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, “a los fines que su titular estime corresponder”, es decir, para que se determine si hubo alguna irregularidad que amerite una denuncia.
Por último, la fiscal Boquín hizo reserva de recurrir por vía de recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que se dicte una sentencia que homologue el acuerdo.