A pesar de los sobornos comprobados, Odebrecht continúa trabajando para el Gobierno

Odebrecht es la principal empresa de construcción e ingeniería de Brasil, aún hoy. También la más corrupta. Después de meses de negar las pruebas que obtuvo el juez Sergio Moro, cambió la estrategia, aceptó su culpabilidad y se acogió a los beneficios de la delación premiada. Así, se transformó en la empresa que aceptó pagar la multa más grande en toda la historia del capitalismo, 3.500 millones de dólares, en 23 años. Los abogados del ex CEO de la compañía, Marcelo Odebrecht -que está preso-, negociaron con el juez durante casi todo 2016. El 1º de diciembre del año pasado, la empresa reconoció que para obtener contratos por 12.000 millones de dólares en Brasil y otros 11 países, pagaron coimas por más de 1000 millones de dólares. De esos mil millones, 35 millones de dólares fueron coimas para la concesión de obras en Argentina.

En el acuerdo que Odebrecht firmó se comprometió a colaborar con la Justicia de todos los países involucrados, a cambio de no sumar nuevos procesamientos. El juez Moro convocó a los fiscales de nueve países -Estados Unidos y Suiza formaron parte del acuerdo original- para ponerlos al tanto del acuerdo alcanzado y mostrarles el camino para iniciar las investigaciones locales. Por Argentina, fueron la titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó, y el titular del Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

Desde que volvieron al país, la única medida que tomó estado público es la declaración por videoconferencia del titular de una financiera, Alberto Youssef, que pidió las mismas garantías procesales que obtuvo en su país para colaborar, y de Leonardo Meirelles, un empleado suyo, que recordó perfectamente las diez transferencias que le hizo a Gustavo Arribas por un monto de 850 mil dólares y no recuerda ninguna de las transferencias que le hizo a funcionarios argentinos, ni sus nombres.

Las declaraciones a Youssef y Meirelles fueron recogidas por los fiscales Federico Delgado, a cargo de la investigación por la causa de sobreprecios en la obra de Paraná de las Palmas que se tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, y Ramírez, que se incorporó por pedido de Gils Carbó. Concluida la videoconferencia, Delgado hizo lo que tenía que hacer: le pidió instrucciones a la Procuradora General para coordinar la investigación sobre Odebrecht.

Esa es la madre del borrego. Involucrar a Arribas, que tiene que aclarar su situación ante la Justicia todas las veces que se lo requiera y deberá apartarse de su cargo si se comprueba que recibió coimas de la empresa brasileña, pero nada se sabe sobre a quién, por qué y cuánto le pagó Odebrecht a los ex funcionarios argentinos involucrados en la obra pública, Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, y demás responsables en las ocho obras que realizó la empresa en la Argentina.

La contratación de Odebrecht empezó en 2005, cuando ganó la licitación para la ampliación de gasoductos en el norte, y continuó hasta 2013, cuando, junto a las empresas IECSA, GHELLA y COMSA obtuvo la confirmación de que sería contratada para la obra pública denominada “Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno de la linea Sarmiento”, que a partir de entonces estaría en manos de la Unidad Ejecutora creada ad hoc por De Vido.

En rigor, hoy sigue contratada y continúa operando normalmente. Está terminando la construcción de un túnel de 15 kilómetros en el Paraná de las Palmas en sociedad con Roggio y Cartellone, y está en plena construcción de los gasoductos troncales en Córdoba (2336 kilómetros que cruzarán 175 localidades), que se relicitaron a principios de este año y Odebrecht -en sociedad con Techint- volvió a ganar. También está trabajando a todo trapo en el soterramiento del Sarmiento, una obra que supera los 3000 millones de dólares y que tardará cinco años en ejecutarse.

En Perú, apenas ganó las elecciones, Pedro Pablo Kuczynski ordenó la suspensión de las obras que Odebrecht tenía en su país hasta avanzar con las investigaciones, lo que finalmente logró, ya que sería inminente el acuerdo de delación entre la Justicia peruana y la empresa.

En la Argentina, el embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, también pidió que Córdoba dé el ejemplo y suspenda las obras hasta que la empresa colabore con la Justicia argentina. También Margarita Stolbizer pidió la suspensión de los contratos, los embargos de las cuentas y los dividendos para garantizar el recupero de activos, que deben ser restituidos al Estado. Sin embargo, nadie actúa.

Mañana lunes, y a requerimiento del juez Casanello y el fiscal Delgado, la diputada presentará -con el patrocinio de la abogada Silvina Martínez- el listado de audiencias que mantuvieron el 10 de julio de 2013 a las 19.15 Cristina Kirchner y Julio De Vido con Marcelo Odebrecht y el 8 de mayo de 2014 Axel Kicillof con Flavio Farías, gerente de Odebrecht, entre otras reuniones.

En realidad, esas y otras reuniones se pueden consultar por internet desde la página web de audiencias del Ministerio del Interior, ya que figuran en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses. La pregunta es por qué pedirle esa información a Stolbizer.

Odebrecht se presentó los primeros días de mayo ante los juzgados de Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y Ariel Lijo, donde se ventilan causas que la involucran, para ofrecerse a colaborar sobre base de un acuerdo de “delación premiada” similar al que se acogieron en Brasil. El viernes volvió a ratificar en el Juzgado Nº 7 su ofrecimiento de colaboración para revelar “la identidad de los autores, coautores, instigadores o partícipes” de los hechos de corrupción que ya confesó.

Parece que el gran problema se presenta cuando alguien se ofrece a hablar, a dar información y pruebas valederas. Ningún arrepentido llega a buen puerto en la Justicia argentina. No sucedió con Adolfo Scilingo, que reveló los vuelos de la muerte; ni con Mario Pontaquarto, que dio detalles de los sobornos en el Senado; tampoco Leonardo Fariña, que denunció la operatoria precisa del lavado operado por el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Argentina no quiere arrepentidos. Ni de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, ni de la megacorrupción. No existe una Justicia con la suficiente convicción para avanzar de verdad en la investigación de nada. En este país alcanza con el humo.