Procesaron a exfuncionarios kirchneristas por Fútbol para Todos
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría procesó el jueves a tres exjefes del Gabinete de la gestión kirchnerista; al presidente de Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Luis Segura; y otros seis dirigentes del fútbol por irregularidades en los fondos del Fútbol Para Todos (FPT).
Los apuntados por la medida son Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, además de Segura, quien se encuentra al frente de la casa madre del fútbol argentino hasta el próximo 30 de junio y actualmente está en Estados Unidos junto a la Selección en la Copa América. También, la decisión de Servini de Cubría incluyó a los entonces coordinadores del programa Fútbol para Todos, Gabriel Mariotto y Pablo Paladino.
Además, hay otros directivos importantes que en su momento estuvieron en AFA y que fueron procesados: José Lemme, Eduardo Spinosa y Carlos Portell (extesoreros de AFA); Miguel Silva y Rafael Savino (exsecretarios generales); Rubén Raposo (exgerente financiero).
En contraposición, Servini de Cubría sobreseyó Mariano De Lorenzi, actual secretario ejecutivo del FPT; y a Lucas Gaincerian.
A los directivos de la AFA, la jueza los acusó por desviar hacia otros fines los fondos públicos del programa Fútbol para Todos, como ser el pago a la fundación “El Futbolista”, del equivalente al 2% de las sumas brutas totales que recibiera por el contrato televisivo; siete préstamos otorgados por el Banco Credicoop Cooperativo Limitado a la AFA con la cesión del convenio de fecha 20 de agosto de 2009; y los daños al patrimonio estatal y/o el beneficio injustificado de terceros por la operatoria de descuento de cheques de pago diferido.
En cuanto a los exfuncionarios involucrados, la jueza consideró que la responsabilidad está dada en la falta de control sobre el destino de los fondos públicos. Abal Medina, Capitanich y Fernández habían argumentado que una vez que los fondos eran entregados a la AFA, el control del destino de los mismos estaba a cargo de dicha institución.
Servini de Cubría procesó por administración fraudulenta a los directivos de la AFA en tanto que a los exfuncionarios lo hizo por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito que contempla como máximo dos años de prisión. Los embargos impuestos por el juzgado alcanzan los 10 millones de pesos.
Procesaron a exfuncionarios kirchneristas y empresarios por los fondos de campaña de 2007
El juez federal Ariel Lijo procesó el jueves a los exfuncionarios kirchneristas Héctor Capaccioli y Sebastián Gramajo y a un grupo de empresarios por lavado de dinero, a raíz de irregularidades en los aportes para la campaña presidencial de 2007, que consagró a Cristina Fernández de Kirchner Presidenta de la Nación. El juez consideró que, a través de aportes hechos por varias empresas, se puso en circulación en el mercado la suma total de 886 mil pesos de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y “obtener su apariencia de licitud”.
Capaccioli era superintendente de Servicios de la Salud e integrante de la Mesa Ejecutiva de la Alianza Frente para la Victoria; Gramajo entonces era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y responsable político de la alianza electoral; y también están involucrados los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, esta última viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez. A todos los acusó por el delito de lavado de dinero por haber insertado aportes por más de 800 mil pesos por parte de droguerías, cuyo origen se presume podría ser el tráfico de efedrina, la mafia de los medicamentos u otras actividades vinculadas al narcotráfico internacional.
Lijo le trabó un embargo de 3 millones de pesos en base por el delito de “lavado de activos provenientes de un delito” en el marco de la campaña para consagrar a la fórmula del FPV, que llevó a Cristina como Presidenta y al radical Julio Cobos de Vicepresidente.
Los aportes fueron hechos por las droguerías “Multipharma”, “Global Pharmacy” y “Seacamp”, presididas por Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone respectivamente, que aportaron un total de 886 mil pesos provenientes de un “origen ilícito”, y la maniobra fue “a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener apariencia de licitud”. “Néstor Lorenzo y Héctor Capaccioli fueron los encargados de aquella puesta en circulación y se sirvieron de la campaña presidencial de la alianza Frente para la Victoria del año 2007 para llevarla acabo. Los cheques por medio de los cuales se realizaron los aportes fueron entregados por Lorenzo a Sebastián Gramajo en el propio despacho de Capaccioli”, sostuvo el juez en su fallo.
El magistrado tuvo en cuenta la evolución patrimonial de los empresarios investigados y que sus empresas no tenían fondos suficientes como para afrontar donaciones para la campaña electoral de 2007, por lo que consideró que el dinero aportado no les pertenecía. Para ello se firmaban cheques que se entregaban a los recaudadores y cuando llegaba el momento del cobro en el banco, se cubría el monto necesario con depósitos en efectivo que alguien realizaba a través de las cajas de atención al público de las entidades, para eludir que fuera identificado el aportante.
Lijo también evaluó que los empresarios investigados, Bellone como Lorenzo, Brito y Torres, están procesados por ser parte de una asociación ilícita por la “mafia de los medicamentos” y consideró que el dinero de los aportes pudo provenir de narcotraficantes mexicanos.
Otro de los expedientes que el juez evaluó que guarda puntos en común con los involucrados, es la del Triple Crimen de General Rodríguez, en donde aparecen tanto Lorenzo como Torres y el fallecido Forza, quienes “se relacionaban y conocieron” a muchos empresarios vinculados al tráfico de efedrina, como el ahora detenido Ibar Pérez Corradi.
Fuente Noticias Argentinas