Procesaron a Lázaro Báez y citaron a indagatoria a Echegaray
El juez federal Sebastián Casanello procesó el lunes con prisión preventiva al empresario Lázaro Báez y al contador Daniel Pérez Gadín en la causa por presunto lavado de dinero con fondos públicos y citó a indagatoria al exdirector de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, a quien le prohibió la salida del país.
En su resolución, el magistrado también procesó a Martín Báez, hijo del empresario; a César Fernández, quien figuraba al frente de la financiera SGI; a Fabián Rossi, exmarido de la vedette Ileana Calabró; a Walter Zanzot, presidente de la empresa de taxis aéreos Top Air; y al hijo del contador de Báez, Sebastián Perez Gadin.
Las imágenes de los videos de “La Rosadita”, donde varios de los imputados contaban millones de dólares en efectivo, fueron determinantes para construir la acusación. Báez habría lavado mediante la financiera SGI plata de la evasión fiscal de Austral Construcciones, por lo que Casanello investiga una maniobra con facturas apócrifas que involucraría a la AFIP, por presunto encubrimiento del accionar del empresario patagónico.
En la misma resolución, el titular del Juzgado Federal 7 trabó embargo a Lázaro Báez y al resto de los imputados por cien millones de pesos cada uno, salvo a Sebastian Perez Gadín, cuyo embargo fue por 1 millón de pesos.
A su vez, el juez Casanello dispuso el congelamiento de cuentas y ordenó la captura nacional e internacional de Jorge Chueco “a fin de recibirle declaración indagatoria”. Se trata del abogado vinculado a Báez que se encuentra desaparecido desde hace varios días, por lo que era intensamente buscado en Misiones, donde fue visto por última vez, aunque se sospecha que podría haber cruzado la frontera a Brasil o Paraguay.
Remarcando la necesidad de recuperar activos, Casanello ordenó el secuestro y embargo de los vehículos y bienes registrales de todos los imputados y de la firma “Top Air”, como así también la inmovilización y congelamientos de todos los fondos de sus cuentas bancarias.
Casanello dispuso asimismo la tasación de más de cincuenta inmuebles pertenecientes a los procesados (principalmente atribuidos a la familia Báez) conformados por viviendas, lotes y chacras. Igual medida adoptó respecto de las firmas “SGI Argentina S.A.”, “Helvetic Services Group S.A.” y “OACI S.A.”.
En otro orden, el juez federal designó veedores informantes en la empresa Austral Construcciones, a fin de que controlen su giro comercial y su patrimonio. Tendrán derecho a asistir a las reuniones de directorio con facultades para pedir toda la información necesaria.
Paralelamente, Casanello ordenó citar a declaración indagatoria a Echegaray y al extitular de la Dirección General Impositiva de la AFIP, Rubén Ángel Toninelli, para el 3 y 4 de mayo respectivamente, y decretó además la prohibición de salida del país para ambos.
El magistrado citó al respecto una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer en la que advirtió que la AFIP “tenía conocimiento, por lo menos desde hacía dos años, de la estafa millonaria que Báez le había provocado al Estado Nacional, usando como punta de lanza la facturación apócrifa (de esa forma se evitó el pago de tributos a la AFIP)”. “Nos encontramos ante una compleja defraudación tributaria, llevada a cabo por Austral Construcciones y de la cual se habrían capitalizado millones de pesos provenientes de las arcas públicas del Estado (…) Toda esa grotesca operatoria llamó la atención de algunos de los inspectores de la AFIP-DGI Bahía Blanca, pero estas alertas no fueron bien recibidas en los cargos jerárquicos del organismo, cuya reacción fue la disolución de la Regional Bahía Blanca (…) provocando reubicaciones de cargos y hasta desplazamiento de inspectores de la dependencia”, indicó en el escrito respecto a la actuación de Echegaray.
También entendió el juez que debe convocarse a que presten declaración indagatoria al empresario chaqueño y mano derecha de Báez, Julio Mendoza; al abogado de cabecera de Austral Construcciones Claudio Bustos; a Eduardo César Larrea; y al directivo de la firma Helvetic Group, Néstor Marcelo Ramos, respecto de los cuales asimismo prohibió la salida del país e inhibió sus bienes. En línea con aquellas convocatorias, el magistrado ordenó además que se amplíen las declaraciones indagatorias de Lázaro y Martín Báez, fijando audiencias para el 5 y 6 de mayo, respectivamente.
Casanello también requirió la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objeto de “identificar y localizar” todo tipo de bienes que los imputados, como así también las empresas que integran o de las que se beneficiaron, puedan registrar en otros países, “en miras de articular la recuperación de activos, productos o instrumentos de las actividades ilícitas”. De igual manera, el juez federal libró nuevamente exhortos a Suiza, Belice, Panamá, Estados Unidos, Uruguay y España.
Finalmente, el juez Casanello dispuso la extracción de testimonios para investigar “distintos hechos vinculados con las declaraciones prestadas por los empleados de SGI, como así también lo informado por el Servicio Penitencia Federal y el Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco de unos sucesos ocurridos en el ámbito de las detenciones de Báez y Pérez Gadín”.
Fuente: Noticias Argentinas