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El Senado retomó el juicio político a Dilma tras su anulación

El juicio de destitución de la mandataria brasileña Dilma Rousseff retomó su curso este lunes, cuando el Senado decidió ignorar una sorpresiva decisión del presidente interino de la Cámara baja para anular el proceso.  El jefe del Senado, Renan Calheiros, decidió que el procedimiento de destitución de la mandataria por maquillaje de las cuentas públicas seguirá su curso previsto en el pleno de la Cámara alta este miércoles.

Calheiros dijo que la anulación de la votación que aprobó el “impeachment” en abril en la Cámara baja, adoptada el lunes más temprano por el jefe interino de Diputados Waldir Maranhao, es “una broma sobre la democracia” y aceptarla atrasaría el proceso.

Todo indica que el pleno de 81 senadores votará este miércoles iniciar un juicio político a Rousseff y apartarla del poder por hasta 180 días, mientras se tramita el proceso y se llega a una sentencia definitiva. Si es suspendida, como anticipan encuestas y expertos, el vicepresidente Michel Temer, exaliado del gobierno y hoy su mayor enemigo, asumiría el poder de forma interina. Y si Rousseff es finalmente destituida por dos tercios del Senado, gobernaría hasta el fin de su mandato en 2018.

Con los jefes de Diputados y del Senado enfrentados, analistas señalan que una vez más la Corte Suprema tendrá que intervenir en esta nueva trama de la novela política que sacude a Brasil.

¿Puede el Senado desconocer la anulación de la votación decretada por el jefe de Diputados? Un recurso sobre su nulidad ya fue rechazado el viernes por un magistrado de la máxima corte.

El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, insistió el lunes en que “el Senado no puede procesar y juzgar sin autorización de la Cámara” de Diputados. “Si el acto es nulo y se proclamó su nulidad, no hay como dar seguimiento al proceso. La decisión ahora cabe a la Corte Suprema”, explicó el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Sao Paulo, Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira.

“Cautela”

Estas parecen ser las horas finales del mandato de la primera presidenta de Brasil, una exguerrillera de 68 años reelegida hasta 2018 que denuncia un “golpe parlamentario” en su contra.

“Precisamos defender la democracia, luchar contra el golpe, luchar contra todo ese proceso extremadamente irregular”, insistió Rousseff poco después de conocer la decisión de Maranhao. “Tengan cautela, vivimos una coyuntura de mañas y artimañas”, afirmó.

El mercado reaccionó sin drama ante la medida del jefe interino de los Diputados: el real retrocedió 0,54% y la bolsa 1,41%.  Maranhao, que votó contra el “impeachment” de Rousseff en abril, asumió interinamente la jefatura de la cámara baja la semana pasada, cuando reemplazó a Eduardo Cunha, enemigo político de la mandataria y cerebro detrás del juicio político de Rousseff.

En una medida inusitada, Cunha fue suspendido de su mandato por la Corte Suprema por intentar obstruir las investigaciones en el escándalo de corrupción de Petrobras, en el que está involucrado.

Al asumir el cargo, Maranhao acogió un pedido del abogado general del Estado y aseguró que en la sesión de la Cámara de Diputados que aprobó el “impeachment” con arrolladora mayoría se prejuzgó a Rousseff al anticipar votos, restando a la mandataria el derecho a una legítima defensa.

Pero Calheiros consideró que “ninguna decisión unipersonal puede sobreponerse a la decisión colegiada”. Los senadores oficialistas protestaron con efusión el anuncio de Calheiros de que proseguirá con el “impeachment”, lo cual llevó al presidente a suspender temporalmente la sesión para que “pudieran gritar en paz”.

A menos de tres meses de los Juegos Olímpicos que comienzan el 5 de agosto en Rio de Janeiro, Brasil es sacudido por la batalla por el “impeachment”, una recesión económica que se anticipa como la peor en un siglo y una enorme investigación por corrupción en la estatal Petrobras que tiene a decenas de políticos y grandes empresarios en la mira.

Rousseff no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción. Pero tanto sus mayores aliados como sus más acérrimos enemigos son investigados o acusados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que defraudó a la estatal Petrobras en más de 2.000 millones de dólares y engrosó bolsillos de políticos del gobernante PT y aliados, así como las arcas de sus partidos.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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