La UIF pidió inhibir los bienes de la sucesión de Néstor Kirchner
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la inhibición general de los bienes de la sucesión del fallecido expresidente Néstor Kirchner en el marco de la causa Hotesur, por la cual se investiga a su esposa Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Fuentes judiciales informaron que la entidad antilavado pidió al juez Julián Ercolini el congelamiento de los bienes de la sucesión de Néstor Kirchner, a raíz de presuntas irregularidades en la sucesión en la que Máximo Kirchner está nombrado como administrador.
Puntualmente, la UIF considera que debe desplazarse a Máximo de su rol como administrador de la sucesión para nombrar en su lugar un administrador judicial, hasta tanto terminen las investigaciones que tienen en la mira a Cristina y sus hijos.
La sucesión no sólo comprende varios millones de pesos en efectivo que están depositados en distintas cuentas bancarias, sino también algunos inmuebles y participación accionaria en algunas empresas.
En la causa Hotesur son investigados Cristina y sus hijos por presuntas maniobras de lavado de dinero, a raíz de que el empresario Lázaro Báez habría pagado cánones mensuales por el alquiler de los hoteles de la expresidenta, pero que en realidad nunca eran ocupadas.
La Justicia sospecha que los pagos por parte de Báez por el presunto alquiler de plazas hoteleras eran una suerte de retorno de dinero tras haber sido beneficiado con la licitación de gran cantidad de obra pública durante el kirchnerismo.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques reclamaron por segunda vez esta semana la indagatoria de Cristina y Lázaro Báez, entre muchos otros, por presunto fraude en la concesión de obra pública al empresario durante el período 2003-2015.
Además, los fiscales solicitaron al juez Julián Ercolini que inhiba todos los bienes de la exmandataria, a quien hicieron responsable de un “plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial”.
Lo hicieron al acompañar unas 227 presuntas evidencias del requerimiento hecho ante Ercolini, por el que también pidieron las indagatorias del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; del exsecretario de Obras Públicas, José López; y de los exsubsecretarios de Obras Públicas, Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez, y Abel Claudio Fatala.