De Vido se presentó en la causa Skanska
El ex ministro de Planificación Julio De Vido rechazó hoy las acusaciones en su contra en el marco de la causa Skanska, dijo que buscan “ponerle” su “nombre” a ese expediente y se distanció del detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, al afirmar que su relación con él fue “funcional” y que no existe “ninguna evidencia” que lo acerque a los hechos que se le endilgan.
“Es de conocimiento público nuestra relación funcional y ninguna evidencia o hecho me acerca a cualquier acto de aquél que pueda ser sospechoso ni en esta ni en ninguna otra causa”, aclaró De Vido sobre el detenido ex secretario de Obras Públicas, procesado por enriquecimiento ilícito luego de haber sido sorprendido cuanto intentaba ocultar bolsos con casi 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez.
Así lo hizo al presentarse hoy en los Tribunales Federales de Comodoro Py y entregar un escrito en su indagatoria por el supuesto pago de sobornos de la empresa sueca Skanska a funcionarios para adjudicarse la ampliación de dos gasoductos en los primeros años de la gestión kirchnerista.
“Estoy siendo sometido a un acto injusto”, se quejó De Vido en el escrito presentado al juez federal Sebastián Casanello, en el que sostuvo que se busca “ponerle su nombre” a una investigación que ya estaba cerrada, según el texto al que accedió Télam.
El ex funcionario y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria cuestionó la legalidad de su citación a indagatoria y sostuvo que los argumentos usados por Casanello “se basan en una concatenación artificial y forzada de circunstancias confusas, no probadas, de orígenes espurios”.
“El único objetivo y resultado es poner mi nombre a una investigación ya terminada que no lo tenía y que, en esta época, parece una forma de presión elegida para orientar actos judiciales”, cuestionó.
En este sentido, remarcó que no hay “ninguna evidencia” que lo relacione “con sobreprecios, facturaciones apócrifas o soborno alguno”.
También se ocupó de aclarar que no conoce a Andrés Galera, un contador y empresario sindicado como supuesto intermediario entre Skanska y los entonces funcionarios.
En el marco de este mismo expediente, ayer fue indagado por Casanello el detenido José López, quien, en monólogo ante el magistrado, negó haber estado involucrado en las negociaciones con Skanska para adjudicarle las obras de ampliación de los gasoductos.
El supuesto pago de “comisiones indebidas” por parte de empresarios de Skanska a funcionarios argentinos fue el primer escándalo de corrupción del kirchnerismo.
López y De Vido fueron citados a indagatoria a fines de agosto pasado, cuando el juez hizo lugar a un pedido del fiscal Stornelli, pero el trámite sufrió postergaciones ante planteos de las defensas y recién pudo concretarse ahora.
Tanto él como De Vido fueron indagados ya en otras causas por hechos de corrupción.
La semana pasada tuvieron que presentarse ante el juez federal Julián Ercolini para declarar en la causa que investiga el presunto direccionamiento de obra pública a favor del detenido empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
También fueron indagados en la causa por defraudación en la construcción de viviendas sociales del programa “Sueños Compartidos”, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
Pero Skanska es la causa más antigua abierta en su contra: fue cerrada con sobreseimientos en el 2011 por la sala I de la Cámara Federal porteña y reabierta en abril pasado por su superior, Casación, al validar como prueba una grabación telefónica en la que un directivo de Skanska aludía al pago de sobornos.
Al pedir las indagatorias, Stornelli sostuvo que De Vido y López son sospechosos de “cohecho” y de defraudación al Estado Nacional mediante el cobro de sobreprecios en la construcción de los gasoductos Sur y Norte, que estuvo cargo de Skanska y de las firmas Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte, vinculadas ambas de grupo Techint.
Además del cobro de “comisiones indebidas”, les imputó formar “parte de la maniobra defraudatoria” en perjuicio de la administración pública y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas” para favorecer a la constructora sueca.
A lo largo de la investigación que ya lleva una década fueron procesados responsables de la firma sueca, ex funcionarios como el secretario de Energía Daniel Cameron y otros, pero todos quedaron sobreseídos cuando se cerró la causa.
Ahora, la Justicia tiene que resolver sobre un planteo de “cosa juzgada írrita” hecho para anular estos sobreseimientos, basado en que al momento de dictarlos, no se contaba con la grabación telefónica como prueba válida para ser usada contra los acusados.