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Rajoy niega una persecución política contra los independentistas catalanes

El presidente del gobierno español debió someterse a una sesión de control del Senado por primera vez después de más de un año sin rendir cuentas a la oposición debido al bloqueo para formar gobierno.

Cataluña concentró buena parte del debate, luego de que los senadores independentistas acusaron al jefe del Ejecutivo de estar “judicializando” el proceso de secesión que inició la norteña región, que reclama celebrar un referéndum para separarse de España en 2017, algo que el gobierno rechaza por considerarlo inconstitucional.

Según Rajoy, la “libertad de pensamiento y la libertad de expresión están “protegidas”, pero otra cosa es que “cuando alguien vulnera la ley, la Justicia actúe”.

“Ni usted ni yo, ni ninguno estamos legitimados para saltarnos la ley a la torera. No podemos incumplir la ley”, subrayó el presidente del gobierno en respuesta al vocero de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el juez Santiago Vidal.

Vidal, a quien el Tribunal Supremo quiere suspender por haber participado en la redacción de la eventual Constitución catalana, utilizó su caso personal con la intención de demostrar que en España se sanciona por “pensar, debatir y escribir”, y para denunciar que no existe separación de poderes.

Desde la tribuna, sus compañeros lo apoyaron con carteles con el lema “La libertad no se juzga”.

La Justicia española ya actuó contra Mas, Homs y dos ex consejeras de su gobierno por la consulta del 9 de noviembre.

También ordenó iniciar una investigación penal a la actual presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, quien tendrá que declarar el 16 de diciembre acusada de un presunto delito de desobediencia y prevaricato.

Forcadell permitió que la cámara catalana debatiera y votara a favor de las conclusiones de una Comisión de estudios del proceso de secesión que propuso la celebración de un referéndum unilateral de independencia.

La resolución se votó a pesar de que el Tribunal Constitucional español había prohibido expresamente tomar medidas contrarias a las resoluciones que “suspendieron” el proceso de ruptura iniciado por el Parlamento catalán, de mayoría independentista.

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