Covid-19: la CGT rechaza la idea de la UIA de no pagar el sueldo a trabajadores que no quieran vacunarse

La intención de los industriales de no convocar ni pagar el sueldo a los empleados que no quieran vacunarse contra el covid-19 generó una catarata de rechazos dentro del sindicalismo, la oposición y el Gobierno. Desde ese arco salieron en las últimas horas a cuestionar el planteo del titular de la central fabril, Daniel Funes de Rioja, y en la CGT advirtieron incluso que podrían surgir conflictos gremiales.

“Funes de Rioja salió con un planteo absurdo, primero que nada porque no hay obligación del calendario nacional de vacunación de estar vacunados contra el Covid. Segundo porque aún no hay dosis para completar la vacunación de toda la población. Fue una bravuconada”, dijo a Clarín el titular de la CGT, Héctor Daer. Y sentenció: “No lo escuché reclamando a los empresarios que cumplan con los protocolos para impedir que los trabajadores se contagien”.

La polémica se generó a partir de una conferencia de prensa por zoom en la que el presidente de la UIA aseguró el martes que los trabajadores que no se vacunan “no podrán ingresar” y “lo que se plantea es que cese la dispensa, para que a su vez cese la asignación correspondiente”. Funes de Rioja precisó que esa era la postura de la junta directiva y que lo habían conversado con funcionarios del Ministerio de Trabajo.

Los industriales decidieron avanzar con este planteo después del DNU 494/21 de la semana pasada, que flexibilizó las restricciones y ratificó la resolución 4 del Ministerio de Trabajo y de Salud. La medida suspendió en abril las licencias por Covid para empleados de grupos de riesgo con una dosis y estableció que quienes puedan vacunarse y no lo hagan, deberán actuar de “buena fe” y “llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios”.

“Es una barrabasada, no hay nada jurídicamente que diga que aquellos trabajadores que no se vacunan, no se le paga el sueldo. Hay que persuadirlos para que se vacunen, no es obligatoria la vacuna”, dijo a Clarín el líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló. Y advirtió: “Si hay sanciones en el gremio metalúrgico, va a haber un conflicto, si mandan telegrama discutiremos el motivo, pero no es un tema de suspensión ni sanción”.

En su momento, la resolución 4 fue bien recibida por los empresarios y contó con el aval tácito de la CGT. Pero el nuevo avance generó cortocircuitos. “Es importante concientizar al trabajador para que se vacune y cuide su salud, la de su familia y su entorno laboral. Es un tema de salud pública que excede lo laboral, el Estado deberá analizar la necesidad de la obligatoriedad pero de ninguna manera se puede aceptar las medidas que se proponen”, dijo Gerardo Martínez, titular de UOCRA y miembro de la conducción de la central obrera.

Desde el sindicalismo cercano a Cristina Kirchner, el secretario general de la CTA y precandidato a diputado por el Frente de Todos, Hugo Yasky, fue más duro: “Lo que plantea la UIA es una extorsión a los trabajadores. Queremos que todos los trabajadores se vacunen, pero no así”. Y recordó que “para eso pedimos la creación de comités mixtos de salud y de seguridad”, un proyecto que por ahora descansa en el Congreso.

En tanto, el Gobierno mantuvo una postura menos confrontativa y decidió intervenir con un perfil bajo. Desde el Ministerio de Trabajo, se limitaron a ratificar que sigue vigente la resolución 4 y rechazaron eventuales sanciones contra el personal en las empresas. “No hay nada que informar, solo que rechazamos cualquier medida contra trabajadores”, aseguraron.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, había sondeando la posibilidad de brindar una cobertura a los empleadores en caso de que el personal se negara a vacunarse con las dos dosis. Tenía previsto incluso llevar el debate al Consejo Federal del Trabajo. Pero ahora desde la cartera laboral sostienen que el tema no está fuera de discusión.

La última en plantear abiertamente un eventual esquema de obligatoriedad fue la ministra de Salud, Carla Vizzoti, cuando la semana pasada sostuvo que los vacunados deberían tener una “ventaja” respecto de quienes deciden no hacerlo en medio de una emergencia sanitaria. “Todavía no estamos en esa instancia” que requiera una normativa legal para fortalecer la vacunación, pero “no lo descartamos”, dijo a radio AM750.