Los mayoristas cruzaron a Sturzenegger por la reforma laboral: cuestionan aportes obligatorios y reclaman cambios
CADAM expresó su “profunda preocupación y rechazo” al Decreto 612/2026 y advirtió que la reglamentación mantiene costos para las empresas a través de los convenios colectivos.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) lanzó un duro reclamo contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por uno de los aspectos de la reglamentación de la reforma laboral.
La entidad empresarial cuestionó el Decreto 612/2026 y sostuvo que la normativa termina manteniendo mecanismos que obligan a las compañías a realizar determinados aportes vinculados con convenios colectivos de trabajo. Para CADAM, esto representa un retroceso respecto del espíritu de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
El planteo se concentra especialmente en las contribuciones que deben realizar las empresas del sector comercial por cada trabajador alcanzado por el convenio colectivo de empleados de comercio.
El reclamo por los aportes al INACAP
Uno de los principales puntos señalados por CADAM es el aporte destinado al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).
Según la cámara, las empresas deben realizar estas contribuciones incluso cuando el trabajador involucrado no recibe capacitación. La entidad estima que el mecanismo representa una recaudación superior a $30.000 millones anuales.
El cuestionamiento de los mayoristas apunta además a que parte de esos recursos termina siendo distribuida entre determinadas cámaras empresarias, aun cuando las compañías que realizan los aportes no hayan decidido asociarse voluntariamente a esas instituciones.
“No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan”, sostuvo CADAM al plantear su posición.
Qué establece el Decreto 612/2026
El Decreto 612/2026 establece que las contribuciones y aportes que los empleadores acuerden realizar en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo deben estar destinados exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores.
Sin embargo, CADAM considera que esta modificación no resuelve el problema que había planteado originalmente el sector empresario.
Para los mayoristas, el espíritu de una reforma orientada a reducir cargas laborales y costos que no surgen de una decisión voluntaria de las empresas debería evitar precisamente este tipo de obligaciones.
La crítica apunta directamente a Sturzenegger
El reclamo coloca nuevamente a los costos laborales en el centro de la discusión sobre la reforma impulsada por el Gobierno nacional.
CADAM sostiene que el esquema vigente mantiene obligaciones que vinculan a las empresas con estructuras empresariales que no necesariamente representan sus intereses.
La entidad aclaró que su planteo no busca impedir que las cámaras empresarias reciban aportes, sino que las compañías tengan la posibilidad de decidir libremente si quieren financiar a determinadas asociaciones o instituciones.
La diferencia, según el sector mayorista, está entre una contribución voluntaria y una obligación que surge de una negociación colectiva en la que la empresa no participó directamente.
Qué quieren los empresarios mayoristas
CADAM reclama que las empresas puedan determinar de manera individual si desean realizar aportes a cámaras, asociaciones u otras instituciones empresariales.
El planteo se suma a las discusiones que atraviesan la implementación de la reforma laboral y al debate sobre el alcance de los convenios colectivos y los costos adicionales que pueden generar para los empleadores.
Para la cámara, si el objetivo de la reforma es reducir costos laborales y eliminar cargas consideradas innecesarias, la libertad de decisión de las empresas debería ser uno de los principios centrales del nuevo esquema.
El conflicto abre así un nuevo capítulo entre el sector empresario y el Gobierno sobre la forma en que se implementan los cambios laborales y, particularmente, sobre quién debe asumir los costos derivados de los convenios colectivos.